Son estos, dos factores que desnudan las macro causas de nuestros crecientes males. En Al Día del 7/5 del 2010, dijimos en una entrevista que la principal prioridad de la señora Chinchilla debía ser la organización del poder institucional superior –no cualquiera, sino la que Constitución y las leyes 5525 de planificación de 1974 y la LGAP de 1978, literalmente establecen– para lograr una efectiva conducción gubernativa de los procesos y recursos destinados al desarrollo integral del país que la misma Constitución vigente configuró... desde 1949. Sí, señores.
El presidente de la Asamblea, Juan Carlos Mendoza, dijo en LaNación (2/6, p. 8A) a raíz de las declaraciones del expresidente Arias sobre la falta de “claridad intelectual” del Gobierno: “La mayor carencia es la conducción política de parte del Gobierno y lo hemos reiterado desde el arranque de la administración Chinchilla”. De acuerdo lógicamente, pero' El legislador Víctor Granados, del PASE, “consideró que existe falta de dirección y liderazgo”. De acuerdo, pero' El mismo expresidente Arias dijo el 1/7 que “'uno no puede plasmar en realidad unas ideas si estas están muy confusas, muy oscuras” (LaNación, p. 5A). De acuerdo, pero' La réplica oficialista no se hizo esperar, con Gallardo depositando toda su confiabilidad intelectual en que el Gobierno tiene claro “qué es lo que queremos hacer y venimos trabajando según las metas del Plan Nacional de Desarrollo” (La Nación, misma página). Pero...
Jerarcas inconsistentes. Reconocemos que las críticas, así al desgaire, son válidas. “Pero” el comportamiento diario de quienes las hacen denota una inconsistencia fatal para el desarrollo del país. Ni estos dos respetables legisladores ni ningún partido como Oposición, incluido el PLN cuando lo ha sido, han hecho control político según el régimen vigente de exigencia de cuentas, sobre el Presidente y ministros con base en esos marcos jurídicos de 1974 y 1978, menos con base en la Ley 8131 del 2001. O sea, nunca han exigido cuentas al Gobierno sobre políticas, presupuestos y resultados de grupos de instituciones de un mismo sector de actividad.
Por ello tales jerarcas jamás se sienten comprometidos a abordar integralmente, y menos resolver, los problemas en su amplio ámbito político. Todos, legisladores y gobernantes, desconocen que esas leyes norman aspectos sustanciales de la Constitución para bajar a tierra el modelo país solidario y de bienestar y para una conducción política de Primer Mundo.
Por su lado, la indudable sagacidad intelectual y política del expresidente Arias tiene su contraparte negativa en su menosprecio por esos parámetros legales y operativos que exigen y hacen viable, una conducción gubernativa eficaz. Es tal carencia o debilidad conductiva la que le hizo imposible en sus dos gobiernos, cumplir con su loable proclama de sentar las bases para hacer de Costa Rica “el primer país desarrollado de América Latina”, y seguirá siéndolo tanto si hubiera una tercera gestión suya como si la actual presidenta y futuros presidentes no actúan seriamente en este aspecto de conducción gubernativa, o sea, con pleno sustento en este marco legal aquí mencionado y no aleatoria o caprichosamente, como ha ocurrido todo este tiempo.
En cuanto a la referencia oficial hecha al “Plan nacional de desarrollo”, hemos dicho categóricamente en esta misma página por décadas y lo hemos demostrado con rigurosidad científica en varios de nuestros estudios en la UCR en los últimos ocho años, que “los planes” oficiales al igual que las propuestas electorales de los partidos, son ilegítimos e inconsistentes porque dan la espalda a ese modelo país configurado en Constitución y en el sistema de leyes vistas como un conjunto debidamente armonizado según objetivos y competencias; siempre parten de cero, o sea, de las ocurrencias que profesionales de toda disciplina proponen cada cuatro años sin reconocer, ni siquiera superficialmente, este norte de país legado por los Constituyentes de 1949.
Incumplimiento. Estamos ante un incumplimiento mayúsculo que afecta directamente el norte al que todos, incluidas Contraloría y Defensoría de los Habitantes, deberían estar abocados sin culpar por la falta de éxito, al exceso o falta de leyes. Comprenderá el lector, ahora, la razón que nos asiste en argumentar cuánta inconsistencia y falta de real transparencia de enfoques y prácticas diarias hay en quienes de vez en cuando proclaman grandes y válidas críticas sobre efectos y causas de nuestras desgracias colectivas.
Resulta muy fácil ser grandilocuente en la proclama o denuncia específica cuando el interés inmediato es la foto, la noticia o el articulito. Pero al tico le resulta dificilísimo ser consistente, transparente e integral todos los días y año tras año, según las virtuosas reglas de juego visionariamente normadas en Constitución y leyes que sí permitirían superar las negativas consecuencias de esa abismal brecha entre la realidad jurídica –de Primer Mundo, si se le ve con nuestra óptica– y el comportamiento real de todos –de Cuarto Mundo, bajo cualquier óptica–. No requerimos que un organismo o autor foráneo nos lo venga a decir. Se lo dice este analista criollo, sin costo alguno.