Aunque quedó habilitada desde el 1°. de enero del 2011, la apertura del monopolio de los seguros obligatorios (automóviles y riesgos del trabajo) cumple un año sin hacerse efectiva, a raíz de una acción de inconstitucionalidad.
Este recurso fue interpuesto en febrero del año pasado, y a la fecha genera incertidumbre entre las aseguradoras privadas y frena su participación en este mercado, según confirmaron representantes de varias de estas compañías.
Las dudas de los participantes se basan en que el recurso presentado por el diputado José María Villalta, del partido Frente Amplio, afecta el reglamento de apertura emitido por la Superintendencia General de Seguros (Sugese) con el aval del Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif).
También, cuestiona el transitorio III de la Ley Reguladora del Mercado de Seguros (Ley 8653), que autorizaba dicha apertura.
“Tenemos interés, pero hay muchos detalles que hay que aclarar primero”, comentó Kevin Lucas, gerente de Adisa, y representante de la Asociación de Aseguradoras privadas.
La consecuencia de esto es que un año después de la apertura, el Instituto Nacional de Seguros es el único oferente del Seguro Obligatorio de Automóviles (SOA) y la póliza de Riesgos del Trabajo (RT).
“Creo que hay incompatibilidades, pues el Código de Trabajo dice que los excedentes del seguro de riesgos del trabajo se deben reinvertir; esto no es compatible con el uso comercial, que tiene fin de lucro”, señaló Villalta.
El recurso presentado por el diputado pretendía detener únicamente la apertura a la competencia de la póliza de riesgos del trabajo, empero, también frenó la entrada de otros oferentes al sector de pólizas obligatorias de automóviles.
“En el estricto respeto a la ley y a lo que queremos hacer aquí, primero hay que definir hacia dónde lo quieren llevar”, dijo Lucas, en relación con el SOA.
Sin embargo, Javier Cascante, superintendente de Seguros, opina que el reglamento incorpora elementos como la universalidad del seguro, y la cobertura de las pólizas. “Estamos a la espera del fallo de los Tribunales”, dijo Cascante.
Sin embargo, si una empresa aseguradora de uno de los países del Tratado quisiera participar, y no pudiera, podría pedir a cualquiera de las partes que active un mecanismo de solución de controversias entre naciones.
Según Sugese, no se han recibido solicitudes de participación en ninguno de los dos seguros. Los magistrados de la Sala Constitucional estudian el recurso.