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Al cierre de edición, juzgado no se había pronunciado

Imputados en caso de trocha esperaban medidas cautelares

Actualizado el 14 de diciembre de 2012 a las 12:00 am

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Imputados en caso de trocha esperaban medidas cautelares

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                         Fernando Apuy y José Miguel Villalobos (der.), abogados defensores, esperaban ayer en los tribunales de Goicoechea la audiencia. | JULIANA BARQUERO.
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Fernando Apuy y José Miguel Villalobos (der.), abogados defensores, esperaban ayer en los tribunales de Goicoechea la audiencia. | JULIANA BARQUERO.

Las seis personas detenidas por el caso de la trocha fronteriza esperaban ayer que el Juzgado Penal de Hacienda resolviera una solicitud de medida cautelar presentada en su contra por la Fiscalía.

Al cierre de la presente edición, 1:30 p. m., apenas comenzaba la audiencia convocada por el Juzgado para notificar si aceptaba o no imponerles a los implicados seis meses de prisión preventiva .

Durante la audiencia se tenía previsto escuchar primero los argumentos de la Fiscalía y luego darle la palabra a la defensa.

José Miguel Villalobos, defensor de cuatro de los detenidos, insistió ayer en que considera infundada la medida propuesta.“Nos vamos a oponer alegando que no hay de ninguna manera ni peligro de fuga ni de obstrucción”, explicó.

Villalobos es defensor de los empresarios David Castillo y Giovanni Baralis. Además, representa a Manuel Serrano y Miguel Ramírez, funcionarios del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi).

Ellos fueron detenidos el pasado miércoles en operativos simultáneos en los cuales también fueron apresados Carlos Acosta, exdirector del Conavi, y el empresario Johnny Muñoz.

La medida se enmarca dentro de una investigación que abrió la Fiscalía sobre la supuesta participación de empresas privadas en el pago de dádivas a funcionarios encargados de supervisar la construcción de la trocha fronteriza.

Según el Ministerio Público, hay un marco probatorio sólido que indica que las seis personas detenidas incurrieron en el delito de peculado, el cual impone de 3 a 12 años de prisión a funcionarios o particulares que distraigan dinero o bienes bajo su custodia.

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