Ilegalidad de las multas basadas en las cámaras

La Sala Constitucional, en el voto 2011-6805 (por votación 4 a 3) declaró la inconstitucionalidad de las multas impuestas por el no uso del cinturón de seguridad, aduciendo el quebranto a la razonabilidad y proporcionalidad por el elevado monto de la multa, sin considerar la capacidad económica de la persona, debido a la forma en que afecta a los sectores de menos recursos, que son la gran mayoría del país. Para ello comparó ese monto con los salarios mínimos e hizo mención a la cantidad de personas que no perciben siquiera el salario mínimo o reciben solamente este.

Posteriormente, en el voto 13393-2011, la Sala Constitucional (por votación de 4 a 3) declaró inconstitucional el monto de la multa por no cumplir con el requerimiento de la revisión técnica vehicular. Aplicando la jurisprudencia sostenida por la Sala Constitucional en esos votos, debería sostenerse que también la multa por el exceso de velocidad captado por las cámaras es inconstitucional.

Acción ilegal de Cosevi. La Sala Constitucional le dio trámite hace unos meses a una acción de inconstitucionalidad en contra del artículo 131 inciso b) de la Ley de Tránsito, que, entre otros aspectos, hace referencia al irrespeto de los límites de velocidad. Sin embargo, los representantes del Cosevi en diversas ocasiones han defendido que la acción de inconstitucionalidad admitida no suspende las multas dispuestas con base en las cámaras instaladas en las autopistas, debido a que estas se han dispuesto con base en el artículo 131 inciso a) y no el artículo 131 inciso b) de la Ley de Tránsito.

Con respecto a ello, debe reconocerse que el artículo 150 solamente permite que se confeccionen partes impersonales con respecto a un listado taxativo de infracciones, dentro del cual se encuentra en inciso a), pero no el inciso b) del artículo 131 de la Ley de Tránsito. Ello es precisamente el fundamento de la ilegalidad de los partes que se han venido imponiendo por exceso de velocidad con base en las cámaras, ya que estas están instaladas en autopistas, pero el artículo 131 inciso a) de la Ley de Tránsito solamente permite la multa por exceso de más de veinte kilómetros de velocidad en zona urbana, lo que impide que se pueda imponer una multa con base en las cámaras por exceso de velocidad en carreteras o autopistas.

Lo anterior queda claro debido a que el artículo 131 inciso a) indica que se impondrá la multa a “quien conduzca en forma temeraria, de conformidad con las conductas tipificadas en el artículo 108 de esta Ley”. Este último artículo dice que se considera conductor temerario a quien “circule con veinte (20) kilómetros por hora o más de exceso sobre el límite de velocidad, para las vías de zona urbanade acuerdo con los incisos b) y c) del artículo 83 de esta Ley”. Si bien el artículo 83 hace referencia a los límites de velocidad y regula aspectos relacionados no solamente con respecto a los límites en zona urbana, sino también en zonas no urbanas, el artículo 108 en forma expresa limitó la imposición de la multa a cuando se tratare de una conducción temeraria en zona urbana. Al respecto rige el principio constitucional de legalidad.

Es cierto que el artículo 150 bis establece la posibilidad de que se instalen cámaras en carreteras, pero dicho artículo no puede ser aplicado sin hacer la relación con los artículos 150, 131 inciso a) y 83 de la Ley de Tránsito, resultando que las multas por exceso de velocidad con base en cámaras, como se indicó arriba, no están autorizadas con respecto a las carreteras o autopistas, sino solamente con respecto a las vías urbanas, como lo indiqué arriba.

Es claro que el legislador pensó que la autorización de cámaras en carreteras del artículo 150 bis estaba destinada a la imposición de multas por exceso velocidad, pero como un yerro, de los muchos en que se incurrió en su momento, esto no se previó de esa manera, no siendo posible por ello la aplicación del artículo 131 inciso a) de la Ley de Tránsito, que ha sido invocado por el momento por las autoridades de tránsito.

De lo anterior se concluye que de la relación entre los artículos 150, 150 bis, 131 inciso a) y 83 de la Ley de Tránsito, los partes impersonales por exceso de velocidad realizados con base en las cámaras instaladas en las carreteras y autopistas son ilegales ya que dichos partes y multas solamente están permitidas en la ley con respecto al exceso de velocidad en “vías de zona urbana”. Estamos así no solamente ante un problema de inconstitucionalidad por los montos desproporcionados de las multas, sino ante un problema de manifiesta ilegalidad.