EscucharEn mi último artículo aquí (4/9) pregunté por cuál falta de rigurosidad intelectual, o capricho, tantos siguen ignorando que desde 1949 con la Constitución Política (CP) y desde 1974, 1978 y 2001 con tres leyes sobre dirección, planificación y presupuestos, el país ha contado con el marco normativo para ser un país de “primer mundo”. Dijimos que los artículos 46, 50 y 74 de la CP marcan un derrotero de producción y de bienestar clarividentemente contrapesado, lo contrario a neoliberal y acaparador, que el país tenía por obligación que seguir.
¿Sabe el lector que ese modelo constitucional ordena, desde 1949, empleo digno para todos (y protección a los desocupados involuntarios), salarios mínimos, fomento de la producción con garantías para el habitante; distribución equitativa de la riqueza vía protección integral de niños y de la familia, vivienda digna, educación gratuita y obligatoria, salud pública para todos –o sea, cero tugurios, cero filas en la Caja, centros educativos de calidad–; un ambiente sostenible; seguridad ciudadana de primera y justicia pronta para todos. Y, esencial: claros mandatos para una conducción gubernativa eficaz y transparente de todos los procesos sociopolíticos, instituciones y recursos asociados para lograrlo.
Ignorancia de las normas. Seguimos, sin embargo, leyendo reportajes en los que jerarcas de turno demuestran desconocer ese sistema de preclaras normas que recién el 8 de mayo juraron observar. Incumplir así, no puede ser una “opción política” como bien advirtió la presidenta Chinchilla el 8 de mayo, pues la inaplicación integral de esa normatividad superior –por más leyes, trámites y hasta instituciones que se eliminaran, como muchos proponen– nos impedirá llegar, máxime bajo cualquier “otro” modelo aleatorio (o sea, hechizo, al desgaire, improvisado, subjetivo, caprichoso, etc.) al añorado primer mundo en el 2021. O en el 2100. Da lo mismo. No hemos hecho un uso civilizado de la Constitución, ni siquiera para diagnosticar los problemas del país correctamente. Es como si un excelente arquitecto nos diseña nuestra casa idílica, y luego los ingenieros la construyen montando bloque sobre bloque, al día y a como se les ocurra. Y para peor: sin supervisión rigurosa nuestra, o sea, los dueños.
Hemos señalado algunos nuevos decretos y directrices que nos parecen, además de ilegales, disfuncionales, entre ellos, el conflictivo nombramiento de presidentes ejecutivos como ministros sin Cartera. También, que la directriz 01-PLAN para elaborar el Plan de Desarrollo, no instruyó partir del Plan vigente, sino de cero. Ahora, la Presidenta busca subsanar (La Nación, 15 setiembre) esa evidente omisión con el Proyecto Bicentenario de Mideplan del Gobierno 2006-2010, como base para su propia versión de la “Costa Rica desarrollada del 2021”.
Nos resulta éticamente obligatorio prevenir a la Presidenta que dicho Proyecto muestra una total omisión del modelo-país en la Constitución, y que por eso mismo incurrió en graves omisiones diagnósticas, así como en atropellados diseños “modelísticos”; carece, además, de una estrategia de conducción, lo cual impedirá orgánicamente su deseable éxito y contribuirá, por yuxtaposición escénica como con el ejemplo de la casa, a malograr definitivamente –llevarse entre las patas, para ser claros– el modelo país consignado en la CP.
Lectores y alumnos me preguntan con frecuencia por qué “la gente importante” no acoge esos enfoques y normas, si son tan obvios. La verdad es que ha habido recientes artículos de unos pocos analistas sobre estos enfoques, pero no han “hecho olas” aún. La Contraloría de la República se ha hecho eco de mucho de ello, aunque lo aplica de manera parcial, pero, curiosamente, solo el suscrito se lo reconoce; ni los medios ni los legisladores al menos de oposición en su esencial labor de control político.
La Defensoría de los Habitantes acogió de manera amplia el enfoque más global sobre estos temas en su Informe Anual 2010 , pero aún no advertimos el cambio de estrategia y métodos para una intervención suya más eficaz. Sobre todo: no hay partido o grupo fuerte de interés que catapulte estos enfoques, como sí ocurre en casos de evidente relevancia mediática en lo que ha sido la apertura neoliberal del país, sin importar su impacto distorsionador, o sea, nada solidario y sí de gran bienestar para una minoría; es decir, contrario al modelo solidario configurado en la CP.
No creemos, sin embargo, que esto sea producto de una conspiración de derechas e izquierdas, de investigadores y docentes, de analistas, centros de estudio y organismos internacionales para brincarse todos, por razones “ocultas”, ese modelo-país y excelente Gobierno según la Constitución y leyes. Se trata más bien de pura desinformación, de mala formación, de intereses partidistas, capricho de muchos y' mera ignorancia de tantísimos.
Además, en Costa Rica resulta más sencillo analizar, y peor aún administrar, complejos procesos públicos sin tener que prepararse a conciencia; más bien, somos campeones en utilizar enfoques foráneos que, al contrario de lo que justificó un ministro hace poco sobre una colega suya, ni permiten ver “el bosque” ni los árboles del fenómeno del desarrollo nacional. Pero, los adoptamos –frases célebres incluidas– como si fueran extrapolables.
Lo que la Naturaleza y Salamanca no dan, en décadas o en años previos a asumir un cargo político o tecnocrático superior, los 1.460 días de prueba y errorde todo un período gubernamental, no lo otorgan. Al final, todos llegan a darse cuenta de que no estaban preparados para tan complejas tareas de Gobierno, tan distintas de las de cualquier gran empresa privada. Y, ¿el juramento constitucional que todos toman con ceño fruncido y constreñida voz?
Bueno' Todos saben desde el día después que ni Dios ni la Patria se meten en estas cosas, y que el pueblo es tan mal vigilante como la seguridad privada en residenciales... Así, ¿para qué esmerarse en entender y cumplir?
Todo, lastimosamente, acaba resultando en Tiquicia políticamente opcional'
