El proyecto que se diseña desde hace seis años con la pretensión de reordenar la Gran Área Metropolitana (GAM) permanecerá varado por lo menos un año más, a la espera de nuevas correcciones.
Se trata del Plan Regional Urbano de la Gran Área Metropolitana (Prugam), que incluye reorganización del tránsito, mejoras en vías, repoblamiento de la capital y actualización de planes reguladores para los 31 cantones de la GAM.
El Prugram, que se inició el 1.° de setiembre de 2004, representa además una inversión de 18,5 millones de euros de la Unión Europea.
A pesar de sus buenos propósitos, ha sido objeto de desacuerdos entre el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU) y la comisión nombrada por el Ministerio de Vivienda para coordinarlo.
Uno de los señalamientos más importantes que hace el Instituto es que el Prugam eliminó el anillo de contención urbana y lo sustituyó por tres macrozonas (urbana, agropecuaria y de protección), pero, según ellos, no planteó delimitaciones físicas claras.
También, se oponen a la creación de planes reguladores cantonales sin que ellos aprueben el estudio regional .
De esta forma, el INVU rechazó el documento final del Prugam que recibieron en el 2009, el cual, según ellos, dejaba muchos aspectos abiertos a interpretaciones.
La condición del INVU es que antes de reactivarlo necesita un año para hacerle reformas.
Eugenia Vargas, presidenta ejecutiva de esa institución, aseguró que se van a tomar los datos del Prugam y actualizarlos.
Por ahora, según Vargas, la prioridad será “fortalecer las debilidades del programa”.
En criterio de Eduardo Brenes, exdirector de Prugam, los errores que apunta el INVU no tienen un fundamento real.
“El proyecto fue rechazado sin conocer sus contenidos”, añadió.
Brenes considera que el Instituto decidió que iba a rechazarlo desde hace años, cuando la Procuraduría General de la República autorizó al Programa a comenzar los estudios urbanos en la GAM.
Paralelo a esta polémica, está el decreto ejecutivo de febrero de 2010 para ampliar en 200 metros el límite del anillo de contención urbana, zona que marca el inicio de las áreas protegidas.
El INVU apoyó esa normativa, pero Brenes se opuso, lo que motivó su salida del Programa.
Según él, ese decreto favorecía a “grupos privados” que se quedaron con poco terreno para construir en la GAM.
Actualmente, el decreto está en manos de la Sala Constitucional.