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Empresa fundada por directora jurídica del ICE recibió contratos por $17,6 millones

ICE impuso a GIP Ltda. para ejecutar proyectos eléctricos

Actualizado el 11 de octubre de 2012 a las 12:00 am

ICE instruyó a bancos contratar a GIP en Cariblanco, Garabito y Toro III

Gerente de Electricidad alega que GIP es la empresa más capaz en su área

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El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) impuso la contratación directa de la firma Consultores en Infraestructura GIP Ltda. como unidad ejecutora de los proyectos eléctricos Cariblanco, Garabito y Toro III.

Por instrucción directa del ICE, los fideicomisos del Banco de Costa Rica (BCR) y del Banco Nacional (BNCR) que administran la construcción de esos proyectos contrataron a GIP Ltda. o a sus socios para laborar como unidad ejecutora de los emprendimientos.

Así lo indica una carta que el gerente de Electricidad del ICE, Gravin Mayorga, y el gerente general de Jasec, Óscar Meneses, enviaron al gerente general del BCR en noviembre del 2010.

“Los fideicomitentes del PH Toro III ratificamos nuestra instrucción de contratar a la firma GIP Ltda. como unidad ejecutora del proyecto hidroeléctrico Toro III” , suscribieron Mayorga y Meneses.

Como resultado de esta instrucción, GIP Ltda. obtuvo un contrato como unidad ejecutora de Toro III por el que percibe honorarios de $60.000 al mes durante la etapa preoperativa y $30.000 mensuales durante la etapa operativa (12 años).

Mayorga admitió ayer que el ICE también recomendó a GIP o a sus socios ante el BNCR y el BCR para que fueran contratados como unidad ejecutora de los proyectos Cariblanco, Garabito y en la rehabilitación de Cariblanco, cuya casa de máquinas fue afectada por el sismo de Cinchona en enero del 2009.

“En el caso de Toro III, fue una decisión conjunta con la Jasec, que se tomó por la experiencia que GIP tenía como unidad ejecutora en otros proyectos. Esta firma desarrolló gran experiencia en el proyecto Peñas Blancas y luego en Cariblanco y Garabito, siempre de manera muy exitosa” , señaló Gravin Mayorga.

Sin licitación. El gerente de Electricidad del ICE consideró justificado que la firma GIP Ltda. haya obtenido contratos directos como unidad ejecutora en estos proyectos, sin competir por esas compras con otras empresas en concursos públicos o licitaciones.

“La contratación directa es una modalidad que existe y está tipificada. ¿Cómo la justificamos? Yo diría que hay experticia (sic) en ese grupo (GIP), tiene una historia de éxito y nos permite garantizarnos que el mandato del fideicomiso se cumpla”, justificó Mayorga.

El gerente general del BCR, Mario Rivera Turcios, señaló que les correspondía al ICE y a Jasec, como fideicomitentes, decidir si se hacía licitación o contrato directo para escoger a la unidad ejecutora.

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Según Rivera Turcios, los fideicomitentes le aportaron una justificación técnica para fundamentar la escogencia de GIP Ltda.

El pasado lunes, La Nación reveló las relaciones entre la directora jurídica del ICE, Julieta Bejarano, y la firma GIP Ltda., que recibió contratos directos por $17,6 millones para administrar proyectos de infraestructura eléctrica.

La empresa GIP Ltda. fue fundada por la directora jurídica del ICE, Julieta Bejarano Hernández, junto a otros cuatro exfuncionarios del Instituto, en diciembre del 2005.

Bejarano era dueña del 20% del capital accionario de GIP hasta mayo del 2010, una semana antes de ser recontratada por el ICE para sumir por segunda vez como directora jurídica del Instituto.

En una entrevista publicada el pasado lunes, la abogada aseguró que cedió su capital accionario gratis, sin percibir remuneración alguna por su participación en la empresa GIP Ltda.

En siete años la firma GIP Ltda. o sus socios obtuvieron contratos para administrar proyectos de infraestructura eléctrica del ICE valorados en $845 millones.

Contraloría investiga. La Contraloría General de la República (CGR) confirmó ayer que su Área de Denuncias e Investigaciones tiene abierta una investigación sobre el caso del Proyecto Hidroeléctrico Toro III.

La jefa de prensa de la Contraloría, Mariela Azofeifa, señaló que la investigación se inició ante la interposición de una denuncia, y se relaciona con supuestos conflictos de intereses y presuntas violaciones al régimen de contratación y de prohibiciones en la construcción de ese proyecto.

Azofeifa señaló que, por limitaciones legales, la Contraloría no puede identificar a los funcionarios que están siendo investigados por este caso.

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