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Actualizado el 04 de junio de 2013 a las 12:00 am

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Uno de los principales retos económicos que deberán enfrentar (y debatir) los candidatos es cómo resolver el déficit fiscal. El debate se extenderá a cuatro subtemas esenciales: gasto público, carga tributaria, estructura impositiva y deuda total. Voy a plantear varias interrogantes para estimular la discusión.

El déficit fiscal del Gobierno Central ronda el 5% del PIB y sube al 7% al incluir otras instituciones. Probablemente todos concordarán en reducirlo, pues no es sostenible. La pregunta es cómo. La respuesta anticipada es mediante una combinación de reducir gastos e incrementar impuestos. Pero, ¿qué porcentaje del déficit en términos del PIB es compatible con una economía que crece al 4% real? Algunos dirán que basta reducirlo en tres puntos porcentuales. ¿Cierto? Pero habría que substanciar la respuesta.

Deberán decidir si el Estado gasta mucho o muy poco. Analistas afirman que para tener servicios de primer mundo debemos cotizar como países del primer mundo. ¿Será que para mejorar los servicios hay que incrementar el gasto? Antes de inflar el presupuesto debe mejorarse la calidad del gasto, pues gastar más no necesariamente implica gastar mejor. Una reforma fiscal debe comenzar por evaluar la eficacia del gasto, lo que no ha hecho ningún gobierno, incluido este.

¿Es la carga tributaria muy baja? En el Gobierno Central ronda el 14% del PIB, pero si se suman las cargas sociales (CCSS) y otras que deambulan por ahí, roza el 25%. Y si incluimos el impuesto inflacionario por las políticas monetaria y cambiaria del BCCR, la rotación de la maría aumentaría. El argumento, sin embargo, probablemente no satisfaría a quienes desean subir la carga tributaria más agresivamente para asimilarnos a los países ricos. ¿Y qué harían con esos recursos? Cada quien tendrá una receta distinta, según su ideología.

Habrá quienes pretendan abortar el déficit y equilibrar el presupuesto: cero incremento de deuda, caerían las tasas de interés y repuntaría la economía con su impacto en crecimiento, empleo y mayor ingreso fiscal al subir el PIB. Otros dirían que no hace falta ser tan papista pues podría llevarse el déficit a 3% del PIB y dejar algo para infraestructura y obras sociales. Claro, el BCCR reclamaría que lo saquen a flote por sus desvaríos monetarios y cambiarios; Educación extendería el sombrero para financiar el 8% constitucional; la CCSS pediría ajustar cuotas; el MOPT, más infraestructura'y la lista sería interminable. Al afinar el lápiz habría que aumentar la carga en un 8% del PIB. ¿Aguantaría el sector productivo semejante exacción? Veremos quién le pone el cascabel al gato.

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Jorge Guardia

Abogado, economista y columnista de La Nación. Fue presidente del Banco Central y consejero en el Fondo Monetario Internacional. Es además profesor de economía y derecho económico en la Universidad de Costa Rica.

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