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Actualizado el 16 de abril de 2013 a las 12:00 am

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Además de solidarizarme con las expresiones de protesta contra la concesión otorgada por el Gobierno a favor de la empresa brasileña OAS para conducir ciertas obras en la carretera a San Ramón, quiero expresar otras inquietudes que me desvelan. ¿Por qué figuras tan conspicuas del Partido Liberación Nacional esquivaron su apoyo a la Presidencia de la República y su ministro de Transportes en un momento crucial, cuando pedían no ser dejados solos? ¿Por qué les “zafaron” el bulto si eran de los mismos? Esa actitud lo menos que hace es invitar a especular.

Muchos se preguntarán si será una pose populista deslizada con frío cálculo político de previo a las elecciones para desasociarse de un gobierno venido a menos en popularidad, o, más bien, el noble fruto de una conciencia honesta y atormentada por saber algo feo que la oposición aún no ha podido descifrar. El otro aspecto que huele a malicia es la contratación (celebrada hace un tiempo) del ahora jerarca de Transportes para una consultoría a la empresa OAS, hoy ubicado en la incómoda coyuntura de tener que tomar decisiones que pueden representar ingresos para la empresa y gastos para el usuario.

¿Será cierto que la empresa recuperará su inversión en 5 años, pero los peajes se extenderán a 25 años (o más)? No me gusta. Tampoco me gusta la pasividad con que la Contraloría General de la República refrendó el contrato ni su indolencia al responder las críticas que le han formulado los del denominado Foro de Occidente. Eso daña su imagen. Vimos, por ejemplo, a un abogado asesor del Foro asegurar en Telenoticias que el contrato con la empresa brasileña era absolutamente nulo por violar ciertas disposiciones de las leyes de Concesiones y Contratación administrativa y que, por lo tanto, sí cabría la rescisión sin responsabilidad para el Estado. El Gobierno, en cambio, afirma lo contrario. ¿Qué dice la Procuraduría de la Ética?

Si a lo anterior se suman las vicisitudes que ha tenido Autopistas del Sol, el descontento popular con ambas empresas, y lo que se hizo en un caso y se piensa hacer en el segundo, me asaltan nuevas inquietudes. Si uno viene de regreso del Puerto un domingo, por ejemplo, constata que ya la carretera Caldera-San José colapsó. En cinco años será peor. No se previeron ampliaciones ni a las empresas concesionarias les interesará hacerlo porque las condiciones ya están dadas en el contrato. Los conductores estaremos jodidos, debiéndonos fumar el cacareado ahorro en tiempo y combustible. Y –lo peor– es que habremos quemado políticamente la opción de edificar obra pública mediante el mecanismo de concesiones, satanizado para siempre. ¡Amén!

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Jorge Guardia

Abogado, economista y columnista de La Nación. Fue presidente del Banco Central y consejero en el Fondo Monetario Internacional. Es además profesor de economía y derecho económico en la Universidad de Costa Rica.

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