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Actualizado el 12 de febrero de 2013 a las 12:00 am

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Veo dos enfoques distintos y antagónicos para forjar la coalición de partidos de oposición a Liberación en las próximas elecciones: uno flexible y pragmático; otro más rígido y dogmático. El segundo, por ahora, la lleva. Pero en política, cuando menos uno se lo piensa, la pierde.

La visión pragmática y flexible parte de una realidad insoslayable: cada partido es un mundo y debe poder seguir siéndolo en todo su esplendor. Eso implica preservar su derecho a ofrecer y defender su propia visión de Estado, su noción de desarrollo económico y social, y las correspondientes políticas para lograrlo. En vez de una “fusión” de hecho, buscaría una “coalición” de derecho, con todo el derecho a disentir.

Según esta visión, un acuerdo entre partidos de oposición no implicaría una renuncia a la propia filosofía y giraría en torno a un mínimo –no máximo– de propuestas programáticas y acciones específicas por implementar desde el Ejecutivo. Pero cada uno se reservaría el derecho a auspiciar, con sus propios diputados, los proyectos que considere apropiados para el país. El candidato sería más importante que el partido, sin excluir la designación, por consenso, de un personaje ideal, capaz de convencer a los no matriculados, que son mayoría.

La visión rígida y dogmática proclama la eventual unión de partidos políticos a partir de principios filosóficos enmarcados en una carta ideológica común, donde se escribiría (en piedra) una cierta visión de Estado y proyecto de desarrollo económico y social, acompañado de planes y políticas de carácter programático para ser implantados en un eventual gobierno de oposición (probablemente de centro-izquierda y con un mensaje poco atractivo para el sector empresarial).

Esta visión tiene varias implicaciones complicadas. En el fondo, auspicia una “fusión” en vez de “coalición” aunque se llame “coalición”; tendría aspiraciones permanentes en detrimento de los partidos existentes; privilegia la ideología sobre los candidatos al amarrarlos virtualmente pues sus propias ideas cederían ante lo negociado por las cúpulas, y no podrían imprimirle a la campaña su propio sabor ya que ninguno de ellos tendría discreción para variar el acuerdo. El candidato pasaría a ser secundario. Cualquiera podría serlo, aunque no tenga arrastre. Yo veo muy claro que uno de los partidos exigiría a los otros renunciar a sus ideas para someterse, por escrito, a la nueva carta política, en una especie de “lo toma o lo deja”. Ese partido acabaría engulléndose a los demás. Y los seguidores de los otros, más débiles y sometidos, terminarían por desertar de sus propias filas hasta una lenta defunción.

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Jorge Guardia

Abogado, economista y columnista de La Nación. Fue presidente del Banco Central y consejero en el Fondo Monetario Internacional. Es además profesor de economía y derecho económico en la Universidad de Costa Rica.

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