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Encontré aspectos controvertibles y serias omisiones en el informe de la Comisión Presidencial sobre Gobernabilidad Democrática (Notables). Pero también hallé grandes aportes. Hoy voy a señalar algunos de los primeros.

Son controversiales la ampliación del número de padres (y madres) de la patria (57 ya nos cuestan caro; más, sería carísimo), y la eventual migración del régimen presidencial a otro de carácter parlamentario. Creo que si el Congreso censurara al Gobierno, y este, a su vez, se encabritara y lo disolviera a menudo, en vez mejorar, empeoraría la gobernabilidad.

Pero lo más discutible es pretender acelerar las decisiones de la Asamblea Legislativa para obligarla a funcionar a golpe de tambor. Todos entendemos bien el problema. A los diputados les cuesta poner el huevo, y el Gobierno se queja de la ingobernabilidad. Pero en el plano constitucional el tema es más complejo. Afecta el principio democrático de la Constitución y desarrollado con celo por la Sala IV (a la que también le quieren meter navaja).

El principio democrático exige a la mayoría parlamentaria respetar la opinión de las minorías y les garantiza amplias facultades de discusión y participación, y poder razonar sus votos. Ellas también representan segmentos de la población, elegidos válidamente. Restringir las horas de debate, e imponer plazos cortos para las votaciones, aseguraría a la mayoría poder imponer sus leyes a rajatabla, sin contar con el adecuado consenso. Don Pepe, que siempre fue de armas tomar, decía: “Pa’ eso tenemos la mayoría”. Las reformas favorecen definitivamente al Partido Libera- ción Nacional, mayoritario en el Congreso. Sería muy ingenua la oposición si las avala.

La omisión más grande se relaciona con la ausencia de los grandes temas económicos en el informe. Desatender la discusión de fondo de aspectos tan fundamentales como el régimen de la Hacienda Pública –impuestos, gastos, déficit y deuda acumulada–, y otros temas conexos que aquejan a la sociedad –crecimiento, pobreza, desempleo, distribución–, son faltas graves. Pudieron haberlos incluido pues, de hecho, se relacionan con normas puntuales de la Constitución y cabían en los términos de referencia dados por la presidenta de la República. Ella dijo: “Admitámoslo con sinceridad: nuestro Estado no está respondiendo con eficiencia y oportunidad a las expectativas y demandas ciudadanas”. Muchas de esas demandas tienen que ver con los problemas económicos que agobian a la población. Rodolfo Piza, uno de los notables, los mencionó y quiso entablar una discusión seria. Pero la mayoría dirigida por Francisco A. Pacheco los ignoró. ¡Qué mala nota!

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