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Actualizado el 04 de diciembre de 2012 a las 12:00 am

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Revivamos la saga de las tasas de interés. En enero, al hacer mis predicciones para 2012, me atreví a decir que subirían moderadamente. Obviamente, me quedé corto. Se dispararon. Pero tengo razones económicas y políticas para defender mi predicción. Noviembre me dio la razón.

Al romper el año la tasa básica pasiva se ubicaba en un 8%. Sin embargo, ya se perfilaba el descarrilamiento del plan fiscal y, lógicamente, podíamos prever que el Gobierno no se cruzaría de brazos. El 10 de enero tuve que curarme en salud. Dije “quieren manipular las tasas de interés al alza para forzar la aprobación del paquete fiscal”. Y así fue. Para “persuadir” a la oposición, las subieron al 10% sin que las condiciones económicas subyacentes (gasto, ingresos, déficit) hubiesen variado tanto.

En mayo, enfadado, la emprendí contra el aumento y la politización del tema. Pero nadie me detalló. Más bien, los bancos del Estado, aprovechando el levante fiscal, dieron rienda suelta a sus tasas por encima de la de los bancos privados, aun con la protección del Estado. En julio insistí que no había razón para pagar tan alto en términos reales pues había bajado la inflación; tampoco se avizoraba una devaluación para invitar a los inversionistas a refugiarse en otra moneda.

¿Dónde invertirían las operadoras de pensiones si no es en títulos públicos? Solo un loco, pensé, subiría las tasas en colones si la competencia en dólares no es rentable. Irónicamente, en setiembre los bancos públicos llevaron la tasa básica pasiva al 11%. Entonces, me desbordé. Y el 2 de octubre, enchaquetado, escribí que “los bancos estatales habían hallado una rica veta subiendo la tasa básica pasiva para acumular utilidades”. También advertí que el ajuste de las tasas activas con base en la básica pasiva estaba siendo objeto de abuso, y los jueces debían prestarle atención en aras de la justicia contractual, al amparo del 1023 del Código Civil.

Si octubre fue de revuelo, noviembre fue el de la redención. El Tribunal de Apelaciones Contencioso Administrativo prohibió al Banco Popular subir intereses en perjuicio de un deudor por aumentos en la básica pasiva, y la presidenta de la República también se plantó ante las juntas directivas de los bancos estatales, pues no le encontraba ninguna justificación a esas tasas tan groseras. Y eso bastó. Bajaron sin que cambiaran las condiciones subyacentes de la economía, y se desplomó el falaz argumento de los economistas bancarios de que el único culpable era Hacienda. Efectivamente, en cosa de días las tasas rodaron del 11% al 9,50% como por arte de' Laura. La cordura política prevaleció. Y yo, por fin, me doy por satisfecho.

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Jorge Guardia

Abogado, economista y columnista de La Nación. Fue presidente del Banco Central y consejero en el Fondo Monetario Internacional. Es además profesor de economía y derecho económico en la Universidad de Costa Rica.

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