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Actualizado el 08 de mayo de 2012 a las 12:00 am

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Tres semanas hace ya que formulé los lineamientos de una reforma fiscal integral. Fueron lacónicos (por razones de espacio). Hoy voy a abundar un poco más en uno de ellos: el más controvesial. Pero, antes, me gustaría plasmar una pequeña nota protocolaria.

Me complace dar la bienvenida al nuevo titular de Hacienda, Dr. Édgar Ayales, excolega del Banco Central y del Fondo Monetario Internacional. Lo conozco bien. Es un hombre muy preparado y experimentado, de temperamento afable, capaz de “tender puentes”, como él mismo reconoció (¡Ojalá nos atienda el puente de la platina!).

Ahora sí, a lo que vinimos. Propuse vender, con toda transparencia, ciertas instituciones y empresas públicas para redimir la deuda pública, cuyo servicio es una carga excesiva en el presupuesto nacional. Vender es impopular. Ya sé. No tienen necesidad de recordármelo. Acarrearía, además, la reacción vivaz de los sindicatos. Pero evitar o posponer la decisión tendría un alto costo económico y social: el famoso costo de oportunidad, inserto en el primer lugar de las letanías de los economistas.

No privatizar (6to. mandamiento socialista) implica tener que imponer impuestos y trasladar recursos de personas y empresas al sector público, con menor productividad. Además, disminuiría el gasto de consumo e inversión (demanda agregada) en detrimento del PIB, al menos a corto plazo. Al privatizar, esas mismas empresas seguirían generando el mismo (o más) valor agregado y pagando los mismos (o más) impuestos sobre la renta. Son activos valiosos pero ociosos. No distribuyen dividendos; más bien, arrojan un déficit consolidado del 2% del PIB para 2013. Nadie podría subirlas a un camión (INS; bancos) o carretillo (Fanal; Recope) para llevárselas a otro país.

El Gobierno, al endeudarse, debe pagar elevados intereses a los tenedores de bonos. Pero ¿quiénes son los tenedores? Son los ricos y empresas. Los pobres no invertimos en títulos valores (¡Qué llorón!). Hay una traslación masiva de recursos de los quintiles más modestos a los más afluentes de la sociedad. Endeudarse teniendo activos ociosos y consentir al capital es una política poco inteligente y regresiva. Pensemos en los bancos. El BN tiene un patrimonio de C369.575.234.000 según Sugef; el del BCR es más pronunciado, y el Crédito Agrícola lo tiene más modesto, pero alguito vale. Si se vendieran a un precio de 2,5 veces su patrimonio (o más) se podría amasar una buena fortuna. Y si se agregan el INS y otras, se podría liberar la partida de intereses, que representa mil millones de millones anuales. Con esa platica podríamos hacer toda la obra social y de infraestructura que necesitamos.

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Jorge Guardia

Abogado, economista y columnista de La Nación. Fue presidente del Banco Central y consejero en el Fondo Monetario Internacional. Es además profesor de economía y derecho económico en la Universidad de Costa Rica.

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