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Golpe de Estado

Actualizado el 16 de septiembre de 2012 a las 12:00 am

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Se le atribuye a Ricardo Jiménez, entre otras frases memorables, haber dicho que “los expresidentes son como las prostitutas viejas, cuando ya no pueden ejercer, se convierten en alcahuetas”, cuando se negó a apoyar el golpe de Estado contra Alfredo González Flores, en 1917. Los otros exmandatarios, con excepción de José Joaquín Rodríguez, quien murió ese mismo año, aceptaron la propuesta del golpista Federico Tinoco de redactar un proyecto de Constitución Política. El 23 de marzo de 1917, dos meses después de la interrupción del orden constitucional, acogido con entusiasmo por los partidos y la opinión pública, don Ricardo publicó el siguiente telegrama: “No quiero tener la menor injerencia en la política. Sigo el consejo que dio Dante Alighieri en el infierno: ‘mira y pasa’. Llevo la vida de un concho y no deseo otra; cuido vacas, riego prados y aro la tierra. Creo que así sirvo de modo eficiente a mi país”.

Grave banalización. Que yo sepa ningún expresidente reclama en la actualidad un golpe de estado, pero la sugerencia de destituir a Laura Chinchilla, otorgarle un voto de censura más allá del moral o sustituir al Gobierno, nada de lo cual tiene asidero en la Constitución Política, así como la necesidad de una revolución, se han ido convirtiendo en tendencias tanto en redes sociales como en medios convencionales. Esto es una grave banalización de la resistencia que enfrenta nuestro sistema para reformarse, encarar sus desafíos y resolverlos.

Es paradójico que algunos políticos, que ya no ejercen, como dijo don Ricardo, mencionen la urgencia de un golpe de Estado o de una rebelión como si la situación actual fuera un fenómeno aislado y no la consecuencia de los partidos, Gobiernos, procesos históricos y círculos de influencia y poder de los que formaron parte. Como dice un chiste popular, “en los tiempos de Daniel (Oduber) llovía menos”. Yo añadiría: y hubo menos inundaciones. Tampoco había puentes de la platina ni huecos en la autopista, pero sí trochas y algunas muy profundas' Y ni ahora ni entonces podían justificarse. En el 2006, antes de que Óscar Arias volviera a la Presidencia, el politólogo Rodolfo Cerdas alertó contra el síndrome del hombre providencial, el deus ex machina de la política que llega mágicamente a ordenar la casa (“poner a Costa Rica a caminar de nuevo”). Plantear la destitución de Chinchilla en el 2012 es lo mismo pero al revés.

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Nuestra credencial. Partiendo del hecho de que hay problemas, y que algunos pueden ser muy serios, un “golpecito de Estado” ¿los resolverá o los complicará aún más? Si hay una credencial que puede ostentar Costa Rica, a pesar de la sensación térmica actual de que todo está perdido y hay que empezar de nuevo, es la continuidad democrática. Y como ocurre con los hechos humanos, la institucionalidad y estabilidad políticas no se echan en falta hasta que no se tienen. Por desgracia, quienes plantean un cambio abrupto, se regodean en el malestar y contribuyen a que el objeto de su crítica sea un fin en sí mismo y no el medio para plantear soluciones y obtener resultados. No dudo que criticar a Chinchilla sea satisfactorio, y hasta fácil, pero las raíces de la situación actual no solo son profundas sino complejas.

Concentrarse en sus aspectos más visibles es una forma de dinamizar el espacio público, es cierto, pero en una perspectiva de mayor alcance podría exaltar lo que al parecer repudia. En buen castellano, es “tirar al niño con el agua de bañarlo”. O lo que es lo mismo, no hay que arrancar el trigo con la cizaña. Deseo creer que la polémica puede facilitar la búsqueda de alternativas electorales para el 2014 pero no al extremo de rechazar el régimen institucional que supuestamente busca reivindicar.

Como escribí en otro lugar, con motivo del golpe de Estado constitucional contra el presidente Fernando Lugo, en Paraguay, la democracia debe ser capaz de soportar un mal gobierno, siempre y cuando no se convierta en dictadura y sea reformable. En un sistema como el nuestro, puede debatirse si la administración de Laura Chinchilla es mala, regular o buena sin negar las reglas del juego democrático o pretender cambiarlas por procedimientos especiales, extraordinarios o fuera de la Constitución Política, cuando la coyuntura ideológica, institucional o económica es adversa.

Reforma constitucional. Para los que tienen mala memoria cabe recordar que durante la crisis de 1980 ciertos sectores reclamaron la cabeza del presidente Rodrigo Carazo. En aquella época hubo una percepción casi generalizada de considerar su gestión como un desastre y hacerlo responsable de todos los males habidos y por haber. La noción de sustituir a Chinchilla, que algunos podrían considerar antidemocrática, muestra el régimen de libertad de expresión de nuestro país. A la vez, reclama la necesidad de modernizar su sistema representativo y acortar la distancia entre gobernantes y gobernados.

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Durante décadas, los partidos y, en ausencia de los primeros, sus familias ideológicas, se han negado a encarar una reforma sustancial de la Constitución y del Código Electoral que permita discutir sobre el régimen parlamentario –que haría posible, eventualmente, una sustitución como la que se plantea– y temas como la elección de los diputados, la democratización y transparencia en financiar las campañas y los mecanismos de rendición de cuentas de los poderes públicos.

Al lado de esta crisis de legitimidad de la democracia representativa, las causas de fondo son la corrupción, tanto pública como privada –de la que se habla mucho menos–, la falta de una reforma integral del Estado y el abandono de una estrategia de desarrollo igualitario que restituya las bases del tejido social. Costa Rica adoptó un nuevo estilo de crecimiento económico, con la apertura comercial y la liberalización financiera, desde 1984, limitando los alcances del estado benefactor, pero no hizo lo propio por la modernización de la administración pública y del sistema democrático.

Lo urgente y lo importante. El filósofo Constantino Láscaris nos prevenía hace muchos años de no confundir lo urgente con lo importante. Dentro de este último campo se encuentra la calidad de la democracia y el problema de la representación –¿el costarricense del siglo XXI se siente parte de su sistema político?– y el de la equidad social. Tenemos una maquinaria productiva que, a pesar de su rendimiento, reproduce desigualdad y que en tres décadas ha sido incapaz de absorber un 20% de la población –más de un millón de personas en la actualidad– en situación de pobreza.

¿Qué ha sucedido en estos años para que no veamos otra alternativa que quitar al presidente de la República durante su mandato constitucional? Desde el 2000, si no antes, los Gobiernos sufren un agotamiento de su estrategia política –cuando la hay– a mitad del periodo y escaso margen de maniobra, como si dijeran: en el lapso que nos queda, descontando el año electoral, ¿qué vamos a hacer?

Este vacío de poder se llena con la ilusión, cada vez menor entre los votantes, de recuperar el tiempo perdido acelerando la llegada de un próximo Gobierno que cumpla con la promesa, en abstracto, del anterior. Este algo prometido, que no sabemos qué es, es un cambio inefable e indefinible, pero cambio al fin. La política reducida a su mínima expresión, al “sí se puede” (¿qué?), al “vote por usted” (¿para qué votar por el candidato?, entonces), al bono simbólico, a la gratificación electoral sin hacer del voto un auténtico instrumento de control democrático.

Un proyecto nacional. Pero si bien la política vive del porvenir (la promesa) necesariamente se sustenta en el presente (la acción). Y Costa Rica vive aplazando el presente desde los últimos Gobiernos, o al menos reaccionando ante él con precipitación, urgencia y escasa planificación, sin llegar al futuro deseado. Un futuro, por cierto, mágicamente ansiado, desarticulado de la realidad actual, en cuya construcción no todos los sectores están comprometidos debido a la ausencia de un proyecto nacional.

La administración Rodríguez renunció a transformaciones de envergadura después del “combo” del ICE. En el periodo de Abel Pacheco, caracterizado por el “no se pudo” –o “el no queremos”–, el país tuvo la sensación colectiva de esperar a que sucediera algo que no ocurrió, pese a una política macroeconómica exitosa. Y así pasó el gobierno y llegó el siguiente. Y en éste, el segundo de Arias Sánchez, también se produjo un vacío tras la aprobación del Tratado de Libre Comercio (TLC).

Parte del malestar contra Chinchilla proviene de una factura pendiente contra la administración anterior y las expectativas desmedidas de “poner a caminar a Costa Rica”. Los indudables méritos de Arias como mandatario no anulan las contradicciones de una reñida victoria electoral, a las que hay que sumar la controvertida ratificación del TLC –memorando incluido– y una gestión gubernamental que despierta dudas en materias esenciales como medio ambiente (minería a cielo abierto), déficit fiscal e infraestructura.

Otros factores coadyuvantes son la frustración que produce entre los votantes de capas medias y medias-altas la fragmentación del Partido Acción Ciudadana (PAC) como fuerza electoral y la avidez de Rodrigo Arias por hacernos olvidar que en el periodo 2010-2014 hubo otra persona, que no fue él, en la silla presidencial de Zapote.

Saltarse el presente es otra forma de ir pateando la bola, algo en lo que los costarricenses somos especialistas, tanto en el futbol como en la política.

Por supuesto, lo que aquí está en juego es la democracia. Un creciente número de personas tiene la percepción de que nuestra vida institucional sufre un deterioro constante que afecta tanto a la entidad presidencial como a la Asamblea Legislativa, el Poder Judicial y la Sala IV. Hay que hacerles caso sin echar todo por la borda. Si hay una lección que aprender es que nuestra democracia, centenaria o no, no debe funcionar en el pasado mítico sino en el presente histórico, de forma cotidiana, y hacerle frente a los conflictos y desafíos de la actualidad, transformándose cuanto sea necesario.

La estabilidad política no es eterna como tampoco la paciencia de los costarricenses. Plantear un golpe de Estado en Costa Rica debe alertarnos, una vez más, sobre las soluciones mágicas (que es a la democracia como el efecto rebote para las dietas) y hacernos reflexionar sobre una reforma profunda de nuestro sistema, del régimen de partidos políticos y de la participación ciudadana en la construcción de una sociedad más libre.

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