El conflicto sobre la reelección del magistrado de la Sala IV Fernando Cruz parece haber influido en las prioridades del Gobierno al enviar a los diputados la lista de temas que deberán discutir en los próximos cinco meses.
Un proyecto que restringe el campo de acción de la Sala Constitucional y le quita tareas, está en la convocatoria de 24 proyectos hecha por el Poder Ejecutivo para las sesiones extraordinarias, desde diciembre hasta el 30 de abril. También se incluyen varios tratados comerciales firmados por el país.
La iniciativa, llamada “Ley de reforma a la jurisdicción constitucional”, pretende que los recursos de amparo y de hábeas corpus sean estudiados por un tribunal aparte de la Sala, que ahora está atiborrada de trabajo, con más de 20.000 casos que recibe por año.
El texto, presentado por el diputado Luis Fishman desde que comenzó este cuatrienio, ya ha sido discutido en una comisión, pero le queda aún camino por avanzar.
Por eso el Gobierno quiere acelerar el debate, ahora que está fresca la discusión sobre el papel de la Sala Constitucional, a la cual pertenece el magistrado Fernando Cruz.
El 15 de noviembre anterior, los diputados de gobierno argumentaron, mediante su jefe Fabio Molina, que la no reelección de Cruz, fue un “llamado de atención a la Corte”, por sus excesos, con especial referencia a la Sala Constitucional.
Esas palabras provocaron una fuerte reacción del Poder Judicial, que sintió amenazada su autonomía, al punto de acusar a los diputados de violentar la Constitución Política, pues se adujo que la votación estaba fuera de plazo.
Tras el encontronazo, los presidentes de los tres poderes se reunieron el martes anterior y firmaron un compromiso por impulsar reformas a la Sala IV, una necesidad que reconoció el mismo Luis Paulino Mora, presidente de la Corte.
¿Cuáles reformas y en qué medida? Eso es parte de la discusión. Mora aseguró el martes que el Poder Judicial estará vigilante, mientras el Ejecutivo y diputados de una y otra bandera alistan sus razones.
“La Sala ha ido adquiriendo potestades senatoriales, como eso de decir al Gobierno dónde poner un puente o una acera”, comentó ayer el legislador Fishman.
El ministro de Comunicación, Francisco Chacón, quien como diputado entre el 2010 y el 2011 participó en el debate sobre el proyecto de ley, enfatizó la necesidad de restarle trabajo a la Sala para que dure menos en resolver los casos. Por ejemplo, ayer se resolvió un recurso de amparo sobre hechos de abril del 2010, con el OIJ en la UCR.
“La idea es también eliminar las consultas de proyectos de ley cuando están en proceso; hay diputados que se abusan de ese recurso y acaban inmiscuyendo a la Sala en un proceso político”, declaró Chacón.
Este proyecto podría acompañarse de una reforma constitucional para crear los tribunales constitucionales, que se encargarían de atender los amparos.