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El Gobierno evalúa la posibilidad de reducir de un 10% a un 4% el porcentaje de los ingresos ordinarios de la República que, constitucionalmente, debe ser transferido a las municipalidades cada año.
La opción fue confirmada por Juan Marín, ministro de Descentralización, luego de un año de forcejeo entre el Ejecutivo y los ayuntamientos por estos recursos.
Marín justificó la alternativa en la difícil situación económica que vive la Administración Pública y en que no ha existido suficiente voluntad política para cumplir con el mandato constitucional.
En el 2001, mediante una reforma a la Constitución Política, el Congreso ordenó transferir al menos el 10% del presupuesto ordinario de la República a los ayuntamientos, pero esta medida no ha sido puesta en práctica.
A finales del gobierno de Óscar Arias, la Asamblea Legislativa aprobó una ley para establecer cómo se cumpliría ese mandato.
Según esa normativa, durante siete años, el Gobierno debería pasar un 1,5% anual de los ingresos en forma gradual y acumulativa hasta completar el 10%.
El envío del dinero debía ir acompañado de la transferencia de competencias del Ejecutivo a las municipalidades. Estas asignaciones las tiene que plantear, cada año, el Ministerio de Planificación (Mideplan) en un proyecto de ley.
Sin embargo, durante el 2011, no fue posible cumplir la ley.
Primero, el Mideplan se opuso a enviar el proyecto al alegar que fiscalmente era imposible.
Un informe de ese ministerio señaló que el presupuesto nacional tiene escaso margen de maniobra y no hay manera de ejecutar la ley sin producir un deterioro fiscal.
Finalmente, en febrero, la administración de Laura Chinchilla envió al Congreso un plan de ley para cumplir con los dos primeros años.
El plan asignaría a los ayuntamientos el mantenimiento de la red vial cantonal con $200 millones (unos ¢100.000 millones) provenientes de un crédito para infraestructura del BID.
No obstante, esa iniciativa fue rechazada por el bloque de partidos de oposición que hoy controla la Asamblea, al alegar que el crédito para rutas vecinales ya estaba previsto y no podría ser aceptado como una transferencia de recursos.
“No estamos interesados en generar mayores problemas de comunicación entre el Gobierno y las municipalidades. Al contrario, queremos aterrizar en cosas muy concretas”, dijo Marín.
La nueva propuesta consiste en transferir un 4% de los ingresos ordinarios del Ejecutivo a los ayuntamientos, pero sin pasarles nuevas competencias.
Es decir, los recursos serían utilizados para fortalecer las funciones actuales de los gobiernos locales. Tal es el caso del aseo de vías, la atención de parques y la recolección de basura.
El traspaso de este porcentaje también se haría gradualmente.
Este cambio implicaría una reforma constitucional, la cual no sucede de la noche a la mañana en la Asamblea Legislativa, reconoció el ministro.
Por eso, durante los dos años de trámite, procurarían cumplir al menos con una primera transferencia del 1,5%.
La propuesta será analizada con más profundidad en julio, luego de que el Gobierno anuncie un plan de trabajo conjunto con las municipalidades.
Gilberto Monge, vicepresidente de la ANAI, dijo estar de acuerdo con el 4% porque, de lo contrario, el asunto será un “pleito de nunca acabar” y el sector no pretende generarle un trastorno al Gobierno.
Por su parte, el Mideplan se mostró cauto. “Cualquier reforma constitucional del artículo 170 que se presente debe ser analizada para definir porcentajes sostenibles de acuerdo con la situación fiscal del país, lo cual compatibilice las finanzas públicas con el fortalecimiento municipal”, indicó el Ministerio de Planificación.
