Ayer quedó descartada la posibilidad de que el Congreso apruebe este mes el proyecto declarado prioritario por el Ejecutivo para las sesiones legislativas de agosto. El plan de impuesto a las personas jurídicas quedó en manos de los magistrados de la Sala Constitucional.
El oficialismo no logró votar el proyecto antes de que los diputados opuestos a él recogieran los votos necesarios para enviarlo a consulta en la Sala IV, un trámite que consumirá al menos un mes y medio.
Los ocho diputados libertarios presentes se unieron con dos del PUSC (Luis Alberto Rojas y Wálter Céspedes), uno del PAC (Claudio Monge) y Justo Orozco (Renovación Costarricense) para enviar la consulta facultativa y combatir así el proyecto presentado por el Gobierno para inyectar ¢37.000 millones adicionales cada año al Ministerio de Seguridad Pública para combatir la inseguridad en el país.
El ministro de Seguridad, Mario Zamora, dijo que la intención inicial es invertir en más radipatrullas (ahora hay 276 y quiere 500), tecnología e infraestructura para combatir la delincuencia.
El impuesto sería de ¢158.000 anuales para cada una de las 483.500 sociedades inscritas en el país, salvo las que se acrediten como pequeñas empresas.
Sin embargo, varios diputados lo consideran injusto por afectar por igual a personas con distinta capacidad de pago; injustificado por la cantidad de dinero que el Gobierno desaprovecha en su presupuesto; y mal planteado por una moratoria de seis meses en el cobro del impuesto al traspaso de bienes, lo que obligaría al Estado a dejar de percibir un monto sustancial.
Para el oficialismo, el envío del texto a revisión constitucional no es más que una nueva táctica dilatoria, pues el proyecto cuenta con los votos suficientes para recibir la aprobación definitiva, dijo Luis Gerardo Villanueva, jefe del PLN.
El impuesto se aprobó en primera instancia, sin demasiada discusión, el lunes 8 de agosto, pero de inmediato surgieron los obstáculos.
Wálter Céspedes presentó una moción que atrasó la votación en segundo debate. Después los legisladores de la alianza opositora dedicaron una semana a analizar la liquidación del presupuesto gubernamental del 2010 y ayer lograron enviarlo a revisión constitucional.
“La consulta a la Sala se ha vuelto una forma de entorpecer la aprobación de leyes que tienen mayoría en el Congreso. Este mes y medio de atraso no es un perjuicio para el Gobierno, sino para las familias que están esperando más policías, patrullas y equipos de seguridad”, dijo ayer el ministro de la Presidencia, Carlos Ricardo Benavides.
El jerarca había dejado muy claro que este impuesto era la prioridad del Ejecutivo para agosto, en el que el Ejecutivo tiene el control de la agenda legislativa. “Me parece que en semana y media podríamos estar en posibilidades de discutirlo por el fondo y aprobarlo”, dijo el 29 de julio. No contaba Benavides con que los opositores del impuesto cerrarían filas contra el proyecto. Aunque Villanueva logró acuerdos con el PUSC y el PAC, diputados de ambas bancadas se desgranaron y acabaron junto a los libertarios, enemigos de nuevos impuestos.