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Gerente del BNCR advirtió que contrato de GIP con para proyecto Toro III causaría perjuicio al ICE

Actualizado el 08 de octubre de 2012 a las 12:00 am

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Gerente del BNCR advirtió que contrato de GIP con para proyecto Toro III causaría perjuicio al ICE

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En agosto del 2006, el Banco Nacional de Costa Rica (BNCR) advirtió al ICE que la contratación de GIP Ltda. para diseñar la estructura financiera del proyecto Toro III resultaría en un perjuicio para el Instituto y derivaría en eventuales conflictos de interés.

La advertencia la hizo el subgerente general de banca de empresas del BNCR, José Vázquez Castro, cuando los socios de GIP, que eran funcionarios de la unidad ejecutora de Cariblanco, concursaron por medio de su empresa para trabajar, al mismo tiempo, en el proyecto Toro III.

Vázquez envió una carta al subgerente de Electricidad del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), Carlos Obregón Quesada, y le señaló los nombres de todos los socios de GIP Ltda.

La lista de los socios de GIP incluía a la abogada Julieta Bejarano Hernández, quien entonces estaba contratada como asesora legal del fideicomiso Cariblanco, que administraba el Banco Nacional.

“Es criterio de esta institución (Banco Nacional) que los funcionarios mencionados no deberían distraerse realizando tareas fuera de las labores propias y de clara competencia de la unidad ejecutora de Cariblanco.

”A la vez, es contraproducente con los objetivos de este fideicomiso dedicarse a actividades de una sociedad que lo que busca es el beneficio propio de sus socios y que, sin lugar a dudas, podría generar desatención de las labores para las que fueron contratados en perjuicio del fideicomiso y del ICE”, destacó Vázquez.

Luego de solicitar el criterio legal de la abogada del Comité de Vigilancia de Cariblanco, Julieta Bejarano, el presidente de esa instancia, Carlos Ulate Herrera, concluyó que la contratación de GIP Ltda. en el proyecto Toro III no violaba el contrato de trabajo que los socios de esa firma tenían con el proyecto Cariblanco.

“A partir de los respectivos contratos de trabajo se desprende que la jornada laboral de los trabajadores de la unidad ejecutora es de ocho horas diarias y no existe condición en sus cláusulas que les imponga limitación en el ejercicio profesional”, señaló Ulate.

Auditoría cuestionó salarios. Una auditoría efectuada por el BNCR cuestionó el incremento salarial que se autorizó al gerente de la unidad ejecutora de Cariblanco, José Miguel Mena.

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Según el reglamento de la unidad ejecutora, el estipendio de sus integrantes debe estar acorde con los precios de mercado para profesional de su mismo nivel de responsabilidad y experiencia.

La auditoría halló que cuando Mena era gerente de la unidad ejecutora Peñas Blancas el salario promedio para una posición similar era de $3.115 al mes, y que Mena percibía $4.500 al mes; es decir un 40,4% más.

A pesar de ello, cuando pasó de ser gerente de la unidad ejecutora de Peñas Blancas a la misma posición en Cariblanco se le autorizó un aumento de 15% por lo que su remuneración quedó fijada un 60,10% por arriba del promedio establecido en el reglamento.

Por esta razón, en sus recomendaciones los auditores señalaron que, en lo sucesivo, los incrementos que se autorizaran debían fijarse de acuerdo con el promedio del mercado laboral.

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