Miguel Ramírez Marín, uno de los funcionarios del Conavi denunciado por el caso de la trocha 1856, justificó ayer en el Congreso el origen de sus bienes.
El técnico en carreteras alegó que, a partir del 2007, una empresa propiedad de su familia facturó ¢2.400 millones vendiéndole servicios como chapia y limpieza de cunetas a una constructora de vías contratada por el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi).
“Nunca fui juez y parte”, se apresuró a decir el funcionario sobre lo anterior, en su comparecencia ante la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público.
Ramírez informó de que su compañía se llama Martex, pero rehusó a decir el nombre de la constructora que la contrató. Dijo tener declaraciones del impuesto de renta que demuestran esos ingresos, así como los estados bancarios.
El funcionario añadió que, en 10 años de trabajo en el Conavi, recibió otros $325.000 a razón de un salario mensual de $2.850.
Ramírez fue denunciado penalmente en mayo, junto con el ingeniero Manuel Serrano, por supuesta recepción de dádivas de parte de empresas contratadas para el proyecto de la trocha.
A ellos los denunció el exministro de Transportes, Francisco Jiménez, por instrucciones de la presidenta Laura Chinchilla. En la denuncia, se mencionó que Ramírez compró una casa en un “lujoso residencial” (de ¢170 millones) y que mostraba signos de un cambio en el estilo de vida.
Ante los diputados, el funcionario del Conavi afirmó: “Yo no necesito absolutamente un cinco (...) ¿Si yo he facturado $5 millones no puedo tener una casa de ¢100 millones? Ah bueno, y no hablemos de herencias y otro montón de cosas que existen”.
El técnico en carreteras alegó desconocer por qué el exministro los denunció a él y a Serrano. “Yo no sé cuál fue el motivo (...). No me explicó por qué se tiró del barco”.
Además, cuestionó por qué la presidenta Chinchilla no le preguntó por el origen de sus bienes antes de hacer pública la denuncia y la separación de dos funcionarios del Conavi: “El ministro le dice ‘ahí está una denuncia anónima, puesta por dos vagoneteros’, que dicen que yo tengo una casa, un carro y un cuadraciclo; eso es delicado”.
“No era más fácil para la señora presidenta –todos los martes asistíamos a reuniones en Casa Presidencial– que nos dijera: ‘¿Usted dónde compró esa casa, dónde compró ese cuadraciclo?’, antes de hacer el alboroto que hizo y, si hubiese sido... diay yo me lo gané en confites..., o ábranos una investigación para nosotros dos, sepárenos de los cargos y continúe usted con una investigación, monte nuevos ingenieros en la trocha y sigan haciendo el asunto, investíguenos por aparte, ¿para qué el país se va a dar cuenta?”.
También relató que conoció al exministro Jiménez en 1989 cuando ambos laboraban en el MOPT y que trabajaron en campañas políticas del PLN. “Él manejó transportes en esta campaña”, dijo.
Ramírez admitió que viajó con Serrano y dos empresarios de la trocha a Florida, EE. UU., en marzo del 2011, en un momento en que la obra estaba detenida, y que cada uno pagó su tiquete. Agregó que viajó con ellos David Castillo, quien posteriormente también sería contratista del proyecto.
Según su decir, viajaron a Tampa a ver una maquinaria especial. Giovanni Baralis, uno de los contratistas que participó, adujo meses atrás que el viaje fue un paseo.