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Frankenstein legislativo

Actualizado el 01 de octubre de 2012 a las 12:00 am

Concurso elitista para un parcheen la Asamblea Legislativa

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En julio pasado, la Oficina de Fideicomisos del BCR invitó a comprar el cartel del concurso de ofertas 01-2012 “Anteproyecto de los edificios de la Asamblea Legislativa”. El Colegio de Arquitectos de Costa Rica (CACR) y el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (CFIA) exhortaron a todos los profesionales inscritos a participar. Llamé al número telefónico indicado y pregunté por los requisitos para participar: solo debía pagar los $200 para retirar el cartel. Pero, así que lo había comprado, ¡no califico!

En toda la documentación se refiere a un concurso de anteproyecto. Pero la primera parte del criterio de evaluación exige certificar el diseño de edificios de 5.000 m² o más, y demostrar el diseño de edificios de 5 pisos o más. Sin el cumplimiento de esos requisitos, el equipo profesional será descartado y su anteproyecto, aunque sea el de más calidad, no se evaluará.

El 19 de julio objeté el cartel ante la Oficina de Fideicomisos del BCR, con copia al CACR, el CFIA y la Asamblea Legislativa. Sin embargo, lo medular del cartel no se resolvió: el BCR argumenta que tales requisitos de admisibilidad son necesarios para garantizar la calidad de la obra. Esa posición carece de razonabilidad: primero, se equivoca en asumir que necesariamente la cantidad implica calidad (piénsese en la internacionalmente reconocida Casa de la Cascada, de Frank Lloyd Wright, que en total no alcanza los 2.000 m² de construcción; o bien compárese el diseño de un furgón con el de un Ferrari); además, porque más bien restringe las opciones que tendrá la Administración Pública para elegir el mejor anteproyecto.

El espíritu democratizante en la contratación administrativa busca lo mejor para la administración pública: más oferentes entre los cuales escoger la propuesta de más calidad; no así una oferta reducida, como pretende el BCR. Los concursos de antecedentes han facultado a un reducido grupo de profesionales a acaparar la mayoría de proyectos grandes financiados con fondos públicos. Por eso es contradictorio que un proyecto tan representativo y emblemático para el país, como este, termine una vez más reducido a una élite. El mejor diseño podría venir de cualquier profesional.

Adicional al problema de conceptualización y procedimiento del concurso, el proyecto mismo es ya de por sí problemático: se involucran tres cuadras. En la del centro hay tres edificios patrimoniales, de estilos muy distintos entre sí. Al costado este, bulevar de por medio, está la cuadra del antiguo Colegio Sion, donde se dispondrá de un 60% del terreno para la construcción de uno de los edificios para el plenario, los miniplenarios, oficinas de apoyo legislativo y parqueos. Finalmente, en la cuadra al extremo oeste (calle de por medio con respecto a la cuadra del medio), se construirá otro edificio para oficinas de los diputados y más parqueos. Es decir, necesariamente quedarán separadas, por una cuadra completa (y de construcciones patrimoniales), las oficinas de los diputados y el área de reuniones y recursos. Funcionalmente, el proyecto no es una solución apropiada. Pero, esencialmente, ¿es esa la imagen que se quiere del Primer Poder de la República?

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Necesaria intervención. La Contraloría General de la República debería intervenir en este concurso, porque tal como está planteado no favorece la sana administración de los bienes públicos.

Además, es oportuno el criterio de otros colegas, así como del CFIA y el CACR y, por supuesto, de la Asamblea Legislativa.

Pasado ya más de un mes desde que les envié una carta con copia de mi objeción; ninguna de estas tres entidades me ha respondido aún. Por eso hago pública esta situación, y públicamente les solicito respuesta.

Además, el CFIA y el CACR deben tener un papel más protagónico en el desarrollo de proyectos estatales de esta envergadura. El CACR debería tomar los principios planteados en su Guía de concurso de anteproyectos arquitectónicos y hacerlos extensivos a un proyecto de ley de la República: para el beneficio del bien común, las construcciones de gran magnitud para el Estado deben estar respaldadas por un concurso de antepro- yecto que garantice la igualdad de oportunidades y suponga la “honesta, objetiva e imparcial confrontación de calidades”.

Es urgente democratizar la construcción de infraestructura estatal.

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