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Procesos abiertos en lo que va de la administración Chinchilla

Fiscalía sigue causas contra 18 altos funcionarios públicos

Actualizado el 27 de marzo de 2013 a las 12:00 am

Expedientes van desde tráfico de influencias hasta lesiones leves

Denuncias llegan de órganos de control estatal y gestión ciudadana

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El jefe del Ministerio Público, Jorge Chavarría, acumula ya 18 expedientes de investigaciones en trámite de funcionarios públicos de alto nivel.

En los documentos figuran nombres que van desde la presidenta de la República, Laura Chinchilla, hasta diputados opositores como José María Villalta, del Frente Amplio.

Las investigaciones se abrieron ante denuncias tanto de los órganos de control del Estado, como son la Contraloría General de la República y la Procuraduría, así como de informaciones vertidas por la prensa e incluso de denuncias ciudadanas.

Chavarría aclaró que su función es determinar si esas denuncias tienen fundamento para acusar a los funcionarios, o si, por el contrario, deben ser desechadas.

El fiscal aseguró que ese procedimiento, que incluye protección por medio de la inmunidad “debería de ser revisado, de tal manera que permita mayor efectividad y celeridad, por supuesto, sin detrimento de los derechos” de los investigados.

En las investigaciones también figuran el vicepresidente Luis Liberman y cinco ministros o exministros: Leonardo Garnier (Educación); María Luisa Ávila (Salud) ; Francisco Jiménez (Transportes); Marco Vargas (Presidencia) y Roberto Gallardo (Planificación).

De estos últimos, solo Gallardo y Garnier se mantienen en el gabinete. La Fiscalía también investiga al viceministro de Transportes, Rodrigo Rivera; a la exviceministra de Juventud, Karina Bolaños; y, finalmente, al expresidente ejecutivo de Acueductos y Alcantarillados, Óscar Núñez.

Desde la curul. En el caso de los diputados, además de Villalta, se investiga a los liberacionistas Guillermo Zúñiga (ya no está en el cargo), Óscar Alfaro y Jorge Angulo; así como a Rita Chaves y al presidente legislativo, Víctor Emilio Granados, ambos del Partido Accesibilidad Sin Exclusión.

También aparecen Justo Orozco, de Renovación Costarricense, y Wálter Céspedes, del Partido Unidad Social Cristiana.

Sobre las investigaciones, cada quien tiene su historia.

En el caso de la mandataria, la Fiscalía investiga si la firma de un decreto para un desalojo puede configurar el delito de abuso de autoridad.

“El proceso se refiere a un desalojo administrativo en Liberia, el cual fue ordenado por la señora presidenta y el ministro Mario Zamora. No obstante, se alega que el desalojo se realizó sin haberse publicado el Decreto 37263 que lo ordenaba, por lo que carece de validez”, señala la información de la oficina del Ministerio Público.

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El ministro de Comunicación, Francisco Chacón, afirmó que “es un asunto de tierras en cuyo desalojo la presidenta no tuvo nada que ver”.

“Ni dio las órdenes ni ninguno de los actos administrativos tuvo que ver nada con ella. Es uno de esos casos en que se quiere ver cómo involucran a la presidenta para tratar de responsabilizarla indebidamente”, señaló.

También hay denuncias por tráficos de influencias, prevaricato (resolver contra la ley), peculado y hasta lesiones leves.

Este último caso es el del diputado Villalta, quien sostiene que la reclamo no tiene fundamento:

“No me preocupa en lo más mínimo, es una denuncia falsa que presentó un grupo de policías por la protesta en defensa de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS). Estaría preocupado si me investigan por robarme la plata del pueblo o por actos de corrupción”, afirmó Villalta.

Adelante. Mientras la Fiscalía decide si descarta o sigue adelante con el proceso, Chavarría manifestó que el procedimiento actual para investigar miembros de supremos poderes (presidenta, vicepresidentes, ministros y diputados) “no responde a las complejidades del entorno social vigente”

Según Chavarría, el procedimiento para miembros de los supremos poderes tiene regulaciones particulares en el Código Procesal Penal que vuelve el avance de los procesos “más lento”.

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Esteban Mata

emata@nacion.com

Periodista de Política

Periodista de Política. Bachiller en Periodismo por la Universidad Latina. Cronista parlamentario y reportero de investigación premiado por el TSE, la Defensoría de los Habitantes y colaborador de medios internacionales.

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