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Terreno adquirido en alajuelita estaba destinado a vivienda social

Fiscalía investiga al INVU por anomalías en compra de finca

Actualizado el 23 de junio de 2012 a las 12:00 am

Presuntamente, la institución pagó casi ¢100 millones de más por el terreno

Presidenta de la entidad evitó hacer declaraciones sobre el allanamiento

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                         Agentes del OIJ allanaron  la sede de  la institución, ayer en la mañana, para recoger información y desarrollar la investigación penal. | JORGE CASTILLO.
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Agentes del OIJ allanaron la sede de la institución, ayer en la mañana, para recoger información y desarrollar la investigación penal. | JORGE CASTILLO.

La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción investiga a funcionarios del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU) por supuestos actos ilícitos en la adquisición de terrenos en el cantón de Alajuelita, en San José.

Este hecho se produce luego que la sede del Instituto, en barrio Amón, fuera allanada ayer por agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), con el fin de recoger información para desarrollar una investigación penal.

Desde el INVU se informó de que su presidenta ejecutiva, Eugenia Vargas, no haría declaraciones sobre el asunto, ni tampoco se emitiría ningún comunicado.

“No vamos a decir nada porque es una cuestión que está en estudio”, expresó la responsable de comunicación, Zaida Jiménez.

Caso. Hace un año, el diputado socialcristiano Wálter Céspedes presentó una denuncia ante el Ministerio Público por las supuestas anomalías en la compra del terreno en el cantón de Alajuelita, destinado a la construcción de un proyecto habitacional para familias de bajos recursos económicos.

Entre las irregularidades recogidas en la denuncia, se citó que, según informes emitidos por la Comisión Nacional de Emergencias, el terreno no era apto para la edificación, pues presentaba quebradas y taludes que podrían ocasionar desplazamientos de tierra.

Además, el diputado alertó de que la compra del terreno se hizo con un presunto sobreprecio de ¢98 millones sobre el avalúo del Ministerio de Hacienda.

El INVU invirtió en la finca ¢512 millones.

Al parecer, la compra se habría realizado sin los refrendos de avalúos e informes de la Contraloría General de la República.

“La presidenta (Vargas) siempre ha hecho oídos sordos a las demandas de corrupción que hemos presentado”, dijo Céspedes.

Por ley. Se trataría de delitos de influencia en contra de la Hacienda Pública, previstos y sancionados en la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública.

De acuerdo con lo establecido en dicha legislación, estas faltas se penan con prisión de dos a ocho años.

Asimismo, se habría dado un incumplimiento de deberes del Código Penal.

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