Esto se produjo luego que agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) allanaran la sede del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU), en Barrio Amón, entre las 9:00 a.m. y las 18:30 p.m.
Según la Fiscalía, la diligencia obedeció a la necesidad de ampliar la información del caso para continuar investigando.
Asimismo, se tomó información de los equipos de cómputo de la institución.
Por el momento, “no se han tomado medidas cautelares, pues no hay imputados o personas detenidas”, afirmó este despacho judicial.
Investigación. El caso se abrió por las supuestas anomalías en la compra del terreno en Alajuelita, destinado a la construcción de un proyecto habitacional para familias con escasos recursos.
Estas irregularidades fueron denunciadas por el diputado socialcristiano Wálter Céspedes ante el Ministerio Público, hace un año.
En la denuncia, se citó que, según informes emitidos por la Comisión Nacional de Emergencias, el terreno no era apto para la edificación, pues presentaba quebradas y taludes que podrían ocasionar desplazamientos de tierra.
Además, el diputado alertó de que la compra del terreno se hizo con un presunto sobreprecio de ¢98 millones sobre el avalúo del Ministerio de Hacienda.
La cantidad invertida por el INVU en la finca fue de ¢512 millones.
Al parecer, la compra se habría realizado sin los refrendos de avalúos e informes de la Contraloría General de la República.
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