La jefa de la Fiscalía contra la Corrupción fue sancionada por tratar de intervenir en la acusación de un caso, a cargo de otro fiscal, en que ella figura como víctima.
Se trata de Patricia Cordero Vargas, fiscala adjunta de Delitos Económicos, Corrupción y Tributarios, a quien el fiscal general, Francisco Dall’ Anese, impuso una suspensión de 10 días.
El jerarca concluyó que Cordero intentó que se favorecieran “intereses personales” en una acusación que el Ministerio Público debía elaborar con objetividad.
Así consta en la resolución de la Unidad de Inspección Fiscal, firmada por Dall’Anese el 4 de junio. Según el Fiscal, Cordero tuvo un privilegio ilegal al conocer el borrador de una acusación, acceso que no tiene ningún involucrado en un proceso judicial.
El jerarca también ordenó suspender por 15 días a Miguel Ángel Navarro Cordero, fiscal coordinador de la Unidad Especializada en Fraudes, por haberle pasado a la fiscala anticorrupción el borrador de la acusación que uno de sus subalternos elaboró.
Estas suspensiones aún no han sido ejecutadas pues la fiscala Cordero presentó una apelación ante la Inspección Judicial.
La funcionaria dijo ayer que prefiere abstenerse de ventilar el asunto por respeto a la Corte Suprema de Justicia, la cual “va a conocer en algún momento” el proceso.
Aun así, Cordero afirmó que era objeto de actuaciones “injustas” y que la sanción se produjo luego de que ella se rehusó a aceptar un traslado a la Fiscalía Ambiental, lo que generó un conflicto dentro del Poder Judicial al grado de que Dall’ Anese amenazó con renunciar.
El Fiscal General negó que la sanción tenga relación con el traslado y Navarro dijo que no quería referirse a los hechos.
Cordero y otros ocho familiares denunciaron a una tía de la fiscala por, presuntamente, vender a un precio menor que el real una casa que era parte de una herencia.
El 18 de diciembre anterior Román Jacobo le advirtió al Fiscal General que sufría “presiones, represiones y malos tratos” de parte de su jefe, Miguel Navarro, por “no satisfacer los cambios a la acusación formulada”, además de que se le recordaba su condición de interino.
Román explicó que el 21 de octubre del 2009 le pasó el borrador de la acusación por correo electrónico a su superior, como es costumbre, para recibir el visto bueno y pasar el documento al juzgado.
El borrador acusaba a María de los Ángeles Brenes, tía de la fiscala, y a Héctor Cornejo Umaña, representante de la sociedad que compró la propiedad en disputa, por el delito de administración fraudulenta en perjuicio del grupo heredero.
De acuerdo con la relación de hechos, ella vendió el inmueble en ¢7 millones, ¢15 millones menos que el último avalúo realizado a la propiedad en el 2003, el cual fijó el valor del inmueble en $60.000.
El mismo día el coordinador de la Unidad de Fraudes reenvió la acusación a la fiscala adjunta de Delitos Económicos, ajena a aquella dependencia.
“Estimada jefe, le mando un proyecto de acusación de aquel asunto, para ver qué le parece...”, le escribió Navarro. Al día siguiente, la fiscala le respondió que no estaba de acuerdo con el delito que se acusaba (administración fraudulenta) pues podría tratarse de fraude de simulación.
Luego cuestionó el monto que la acusación señalaba como perjuicio, ¢15 millones, pues en su criterio este debía ser indexado (valor actualizado) o “de lo contrario al final del proceso se le estará reclamando cualquier porquería”.
Navarro solicitó a Román evaluar las “sugerencias”, pero este alegó que la indexación solicitada era inoportuna y no le correspondía a Fraudes pues un eventual perjuicio se debatiría en un proceso civil. Entonces, pasó la acusación al juzgado sin cambiarla.