EscucharLa Fiscalía General acudió a la Asamblea de Gobernadores del BCIE, con sede en Tegucigalpa, Honduras, para pedir información –la mayoría se mantiene en secreto– sobre las consultorías pagadas en la Casa Presidencial.
El fiscal general, Francisco Dall’Anese, solicitó , por medio de la Cancillería, el informe final y la liquidación de gastos que el Ministerio de la Presidencia presentó sobre el dinero recibido del Banco Centraomericano de Integración Económica (BCIE).
Además, pidió las facturas que presentaron los consultores contratados, así como el informe de terminación del respectivo proyecto.
Las copias de todos los documentos deben venir certificadas, señaló el Fiscal General en su carta al canciller, Bruno Stagno.
El Canciller debe remitir esta solicitud al directorio del Banco. Petición. La carta, firmada por Dall’Anese el 14 de abril del 2010, pide al BCIE el plan de inversión y el cronograma de actividades que presentó el Ministerio de la Presidencia para ejecutar los convenios de cooperación que dieron origen a la donación de $2 millones.
Asimismo, solicitó copia de todos los contratos suscritos por el BCIE con los consultores pagados con dichos fondos, así como los términos de referencia utilizados para contratar esos servicios.
“También remitir copia de cualquier documento por medio del cual el Ministerio de la Presidencia haya realizado sugerencias o recomendaciones para contratar a una persona física o jurídica”, escribió el fiscal Dall’Anese.
Demandó los informes trimestrales de la utilización de los recursos, así como la copia del convenio de cooperación financiera no reembolsable entre el BCIE y el Gobierno, que originó la donación.
Dall’Anese pidió al Banco indicar si realizó alguna investigación interna o auditoría financiera sobre los hechos denunciados.
El BCIE es un organismo financiero regional del cual Costa Rica es miembro fundador. La institución financia proyectos de los gobiernos de Centroamérica y también privados. Por ser un organismo internacional, sus acciones no están sujetas a la normativa interna de los países donde opera.
