Firmeza, sensatez y derecho

Costa Rica celebra que, nuevamente, la Asamblea General aborde la situación de Centroamérica en relación con la paz, la libertad, la democracia y el desarrollo.

En este contexto, nuestro país respalda la resolución para extender el funcionamiento, reforzar las capacidades y consolidar el aporte de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig).

La Cicig es una experiencia robusta e inédita en la vinculación de voluntades nacionales y multilaterales para combatir la impunidad, como vía hacia la consolidación del Estado de derecho y las instituciones guatemaltecas.

Desde su creación, el 4 de setiembre de 2007, la Cicig ha sido un instrumento fundamental para capturar, procesar y condenar a responsables de relevantes casos penales. Pero también se ha preocupado por arraigar su legado técnico y jurídico, mediante la capacitación de personal local y el reforzamiento institucional.

Esta tarea quedaría trunca si no se extiende su mandato. De aquí nuestro apoyo a la resolución.

El respaldo de Costa Rica a la Cicig ha sido constante y entusiasta, mediante el desarrollo de recursos humanos, el intercambio de buenas prácticas y otros aportes en especie. Nos complace, particularmente, que su actual líder sea el ex fiscal general de nuestro país, Francisco Dall´Anesse. Para él, para los demás funcionarios de la Cicig, el Gobierno y sociedad civil de Guatemala, las Naciones Unidas y los países donantes, nuestro profundo reconocimiento.

Arduo camino. Pasados sus conflictos internos y la intervención de poderes externos, Centroamérica ha transitado, durante las dos últimas décadas, por un arduo camino para convertirse en una región de paz, libertad, democracia y desarrollo, anclada en el respeto a los derechos humanos.

El éxito final de esta tarea, aún inconclusa, depende de muchos factores. Pero su base debe ser el fortalecimiento de las instituciones, la independencia de los poderes públicos, el respeto al juego democrático y la superación de las vías de hecho como normas de conducta política. Es decir, la consolidación del Estado de derecho.

Estos componentes deben guiar también las relaciones y decisiones externas de los Gobiernos centroamericanos, en concordancia con los principios elementales del derecho internacio- nal. Su pilar indispensable es el respeto a la soberanía e integridad territorial de los Estados.

Creíamos que la observancia de tales principios era una realidad irreversible en Centroamérica. Desgraciadamente, estábamos equivocados. Por una acción incomprensible, injustificada e inaceptable del Gobierno de Nicaragua, nuestra región ha dado un funesto paso hacia atrás en sus esfuerzos por superar el triste pasado y abrazar un mejor futuro. La principal víctima de esta conducta es Costa Rica, pero sus efectos trascienden hacia toda la región, y más allá de ella.

Medidas de fuerza. Desde finales de octubre, tropas nicaraguenses ocupan una parte de nuestro territorio, en clara violación a nuestra soberanía, nuestra integridad territorial y nuestra dignidad nacional. Su presencia ha estado acompañada de una abierta depredación ambiental, en una zona de humedales protegida internacionalmente.

Padecemos, entonces, simple y llanamente, un hecho consumado por la fuerza.

Si esta agresión no ha derivado en enfrentamientos armados, es porque Costa Rica carece de Ejército. Nuestra defensa no son las armas, sino el derecho; las razones, no las balas.

Luego de su acción militar, Nicaragua ha tratado de fabricar una tosca justificación jurídica. Tras 113 años sin disputar el trazado fronterizo, creó la especie de que el territorio ocupado no es costarricense y que, por tanto, todo se reduce a una disputa de límites. La realidad es que enfrentamos una ocupación militar.

Los costarricenses tenemos derecho a vivir sin Ejército. Así lo decidimos en 1949. Ninguna fuerza y ninguna arbitrariedad nos apartarán de esta vía. Para mantenerla, sin embargo, dependemos del sistema multilateral y del derecho internacional. A ellos acudimos.

En lugar de responder a la fuerza con la fuerza, denunciamos la violación perpetrada por Nicaragua ante la Organización de Estados Americanos (OEA). Sin embargo, su Gobierno, en claro desdén de sus obligaciones internacionales, rechazó y sigue rechazando la competencia de la OEA, el órgano regional más relevante y jurídicamente consolidado de nuestro hemisferio.

Costa Rica también denunció a Nicaragua ante la Corte Internacional de Justicia, por violar los límites acordados en 1858 y clarificados en 1897, por ocupar y dañar pate de nuestro territorio, y por emplear medidas de facto.

Además, solicitamos y obtuvimos una misión urgente de observación de la Secretaría de la Convención Internacional Ramsar sobre humedales, para que evaluara los daños ambientales. Estamos a la espera de sus resultados.

Tratamos de involucrar a la Comunidad Iberoamericana en una salida justa al conflicto. Pero el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, ni siquiera asistió a la reciente cumbre de jefes de Estado y Gobierno iberoamericanos, en Argentina. En su lugar, envió a esa reunión, de carácter estrictamente político, a la presidenta del Poder Judicial.

El diálogo posible. Costa Rica trabaja en otras opciones diplomáticas, incluido el diálogo directo, bajo el principio del respeto a nuestra integridad territorial. Queremos sentarnos a discutir con el Gobierno de Nicaragua el conflicto creado por su agresión, frente a testigos calificados, siempre y cuando se despeje la zona de presencia militar, tal como ha acordado, en dos ocasiones, la Organización de Estados Americanos. Un posible diálogo, sin embargo, no detendrá nuestra acción en la Corte Internacional de Justicia ni en otros foros multilaterales posibles.

Frente a la arbitrariedad, Costa Rica enarbola la legalidad; frente a la fuerza, la sensatez.

Estas normas, que constituyen principios básicos de las Naciones Unidas, tienen relevancia tanto para la agresión que ahora enfrentamos, como para el fortalecimiento del Estado de derecho en cada uno de los países centroamericanos, objetivo al que la Cicig está dando un relevante impulso. Costa Rica, como siempre, ofrece su aporte en la tarea.

Esperamos que, desde estas y otras convicciones y deberes compartidos, los centroamericanos sigamos avanzando hacia mayores cuotas de paz, democracia, libertad, desarrollo sostenible, integración y seguridad.

Es lo que merecen nuestros pueblos.

Es lo que nuestros Gobiernos deben buscar.