La familia Fernández Vargas vivía y sembraba en las parcelas 28-25 del asentamiento Chambacú cuando una empresa minera se interesó en el terreno, con un yacimiento de oro.
Según Noemy Vargas y su hija mayor, Evelyn Fernández, ellos terminaron vendiendo debido a las constantes presiones.
“Cuando ellos empezaron a llegar (los mineros), al menos yo, estaba bravísima, muy brava.
”Aquí ya teníamos una casita de dos plantas, ganado, chanchos y gallinas. Comida a montones, nosotros mismos sembrábamos”, detalló Vargas.
El testimonio de la hija, mayor de las mujeres y segunda de cinco hermanos, confirma lo dicho por la madre.
“Cuando ellos llegaron decían que nos iban a expropiar, en algún momento nos dijeron que eso no era de nosotros, que era del Gobierno. Incluso mi papá y mi mamá se preocupaban todos, ellos decían: ¿Cómo tantos años de tener nosotros la finca y ahora nos van a decir que esto no es de nosotros”, mencionó Fernández.
Vargas y su esposo Víctor Fernández Salazar solicitaron al Instituto de Desarrollo Agrario (IDA) la autorización para traspasar la propiedad a Juan Carlos Hernández, actual representante legal de Industrias Infinito.
No obstante, aseguran que la carta que aparece en los expedientes del IDA no la escribieron ellos.
“Estas firmas sí son de nosotros, pero no la escribimos. Lo que es firmar algo sin leerlo”, dijo Vargas con una carcajada.
Esa fue la reacción de la campesina, quien hoy vive en San Ramón (Alajuela) al leer el documento, cuya copia tiene
“Juan Carlos Hernández si bien no califica como agricultor (...). Él desea obtener el terreno para dedicarse al cultivo de cítricos y ganadería”, dice la misiva.
“Nosotros sabíamos que él trabajaba para la minera y que no era agricultor”, dijo la hija.
Ninguno de ellos confirmó haber conocido o conversado alguna vez con el notario Jorge Jiménez Cordero, quien supuestamente autenticó la solicitud enviada al IDA.
“Esto (el documento) nada más lo firmamos”, insistió Vargas.
En los protocolos de Jiménez Cordero se registran los traspasos d e esta propiedad.
Primero, está la venta de los campesinos a Hernández Jiménez y luego el traspaso de los terrenos a la firma Distribuidora Vivoyet.
En este último acto notarial esta sociedad anónima le otorga el derecho de usufructo a Industrias Infinito S. A.
Luego de la venta, Evelyn Fernández recuerda que sufrieron por los juicios que emitía gente en Ciudad Quesada.
“Los profesores en las clases hablaban del tema, y uno callado, sabiendo que fue mi familia (la que vendió), que uno vivió todo lo que vivió. Y que las cosas no fueron fáciles.
”Nosotros sabíamos que en algún momento iban a dar con los que vendieron. Ahora después de tantos años usted se entera de nosotros y uno tiene la madurez de hablar ya más tranquilo”, explicó Fernández en una entrevista que concedió en su casa, en San Ramón de Alajuela.