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Falta de claridad en competencias entre instituciones dificulta protección de tortugas

Actualizado el 28 de abril de 2013 a las 12:00 am

Ya se pidió un pronunciamiento a la Procaduría General de la República

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Falta de claridad en competencias entre instituciones dificulta protección de tortugas

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                         El cambio climático, así como la contaminación, el tránsito marítimo, la pesca y el desarrollo costero también propician la disminución en las poblaciones de tortugas. | ARCHIVO.
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El cambio climático, así como la contaminación, el tránsito marítimo, la pesca y el desarrollo costero también propician la disminución en las poblaciones de tortugas. | ARCHIVO.

San José (Redacción). Si bien el saqueo de huevos y la caza por su carne amenaza a las tortugas marinas en el Caribe , esta no es la única razón de la disminución de sus poblaciones.

El cambio climático, que influye en la disponibilidad de alimento en el Atlántico Norte y en la erosión costera que determina el terreno apto para desovar, así como la contaminación, el tránsito marítimo, la pesca y el desarrollo costero se encuentran entre las causas.

Según Jairo Mora, investigador de la organización Widecast, el año pasado se encontraron dos tortugas baula muertas en Moín (Limón). Como su caparazón es más suave, este mostraba golpes producidos por las propelas de los barcos.

Al tener múltiples factores, el mandato de protección no recae en una única institución.

En Moín, playa que actualmente está recibiendo la mayoría de la anidación en el Caribe, las obligaciones competen al Ministerio del Ambiente (Minae), el Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (Incopesca), el Instituto Costarricense de Turismo (ICT), la Municipalidad de Limón y el Servicio Nacional de Guardacostas (SNG) así como a la Junta de Administración Portuaria y Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva) por estar el muelle cerca.

“La rectoría de la vida silvestre es del Ministerio de Ambiente, pero tenemos una jurisdicción en términos territoriales que nos limita el actuar. Sitios como Moín tienen esa dificultad; en cambio en Gandoca Manzanillo, que es área protegida, se nota que las poblaciones están mejor conservadas. Sin embargo, en sitios donde no tenemos jurisdicción porque no es área silvestre protegida entonces se empieza a ver que los daños son mayores. Ahí es donde urge tener un pronunciamiento de cómo actuar en sitios donde la jurisdicción no es tan clara y esto también en cuanto a competencias”, comentó Ana Lorena Guevara, viceministra de Ambiente.

Asimismo, la viceministra enfatizó: “Hay una necesidad por clarificar para así poder ejercer la rectoría”.

En el 2012, dada la poca claridad entre las competencias entre Incopesca y el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac) para otorgar los permisos de investigación y operación de viveros, se solicitó un pronunciamiento a la Procuraduría General de la República.

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“Se llega a la playa a proteger especies que por ley y convenciones internacionales existe la obligación de proteger y no me vengan a decir que eso solo le corresponde al Minae, hay una equivocación de visión al pensar que el resto de instituciones no son responsables de aplicar la legislación”, destacó Didiher Chacón, director de Widecast

Ya la Comisión Presidencial de Gobernanza Marina, que rindió un informe en el 2012, ya había señalado la urgencia por esclarecer las competencias entre instituciones. “Este va a ser un reto para la Comisión Nacional del Mar (Conamar)”, dijo Guevara.

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Michelle Soto M.

msoto@nacion.com

Periodista de Ambiente

Redactora en la sección Aldea Global. Periodista graduada en la Universidad de Costa Rica. Escribe sobre temas ambientales. Recibió los premios Innovación para el Desarrollo Sostenible (2011) y Periodismo Agrícola y Desarrollo Rural (2012).

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