En su primera página del 4 de septiembre de 1934, el periódico La Prensa de Managua informó de que 45 nicaraguenses –que por largo tiempo habían vivido en el Caribe costarricense– acababan de llegar a Bluefields desde Puerto Limón. Pese a tener familias y propiedades, fueron expulsados de Costa Rica por orden del general Ricardo Monge. Según los deportados, la única razón para proceder en su contra fue su nacionalidad, pero prefirieron “sufrir las duras consecuencias antes que negar su Patria”.
De acuerdo con La Prensa , el presidente de Nicaragua, el liberal Juan Bautista Sacasa, de inmediato “giró dinero para auxiliar a sus compatriotas en desgracia”, a quienes no se les permitió arreglar sus asuntos antes de deportarlos, y ni siquiera pudieron cambiarse la ropa de trabajo que llevaban puesta. Con base en la denuncia anterior, el periodista que informó del suceso concluyó que el presidente de Costa Rica, Ricardo Jiménez, trataba a los nicaraguenses “peor que Hitler a los judíos” y enfatizó que “en [el] Derecho Internacional se permiten las represalias para casos como el presente”.
Debate en el Congreso. Al día siguiente, la expulsión fue debatida en el Congreso nicaraguense. Según informó el diario La Prensa del 7 de septiembre, el general y diputado Alfredo Noguera Gómez denunció que Costa Rica se comportaba como un lobo con Nicaragua y agregó:
“['] comprendiendo que por la vía diplomática no se llegaría a nada práctico, pedía que el Congreso tomara una actitud franca y decidida a favor de los ultrajados, a quienes sin ninguna forma de juicio y dejando en abandono a su familia y haberes, se les extrañó con lujo de barbarie. Yo entiendo que en otras circunstancias, no hubieran hecho eso, porque entonces el Gobierno hubiera mandado sus tropas a la frontera, y aun más allá de ellas, a castigar el vejamen y quitar a Costa Rica ese departamento [Guanacaste] que fue nuestro”.
Noguera Gómez, que era conservador, aprovechó la ocasión para criticar el proceder de Sacasa al afirmar que “otro Gobierno ya hubiera levantado el espíritu nacional para ir a poner coto a esos desmanes, porque por medio de gestiones diplomáticas, ya podemos decir cuál será el resultado”.
En respuesta al llamado a la guerra de Noguera Gómez, otros diputados se mostraron más cautos. El liberal Andrés Murillo expresó que compartía la indignación por la expulsión de sus compatriotas, pero consideraba que “jamás debemos pensar ir a la guerra, sin las previas gestiones de la Cancillería, pidiendo explicaciones de esos lamentables hechos, y eso es precisamente lo que el Gobierno ha hecho ya”.
A su vez, el legislador Alejandro Urcuyo manifestó que correspondía apoyar las gestiones del Poder Ejecutivo pues “no se conocen los motivos que indujeron a las autoridades de Costa Rica a expulsar a nuestros compatriotas. Preferible es investigar todo lo que hay al respecto, antes de tomar medidas violentas quizá sin razón. Debo declarar, Costa Rica ha sido siempre el oasis de los nicaraguenses cuando por las guerras intestinas han tenido que ir a buscar su seguridad y tranquilidad en esa tierra”.
Trasfondo de la expulsión. En una nota aparte, publicada ese mismo 7 de septiembre por La Prensa , uno de los deportados, Ernesto Martínez, explicó que lo ocurrido estaba relacionado con la huelga bananera que, desde inicios de agosto de 1934, se desarrollaba en el Caribe costarricense.
En el criterio de Martínez, la United Fruit Company había presionado al presidente Jiménez para expulsarlos con el fin de atemorizar a los trabajadores, en particular a los extranjeros. Se refirió además a las pésimas condiciones laborales que justificaban la huelga y afirmó que la United trataba de “dar carácter comunista al movimiento, para que el gobierno alarmado se lance violentamente contra los derechos del pueblo”.
El trasfondo de la expulsión era más complejo que la simple decisión arbitraria de un militar costarricense, pero, en un nuevo artículo, publicado el 16 de septiembre, La Prensa volvió a adoptar una posición beligerante al informar que en Costa Rica “ha producido gran sensación en el elemento oficial y en las masas populares, el grito de guerra contra aquel país, lanzado en pleno Congreso por el diputado Gral. Alfredo Noguera Gómez, quien pide se recupere el departamento de Guanacaste, en represalia de los ultrajes y vejámenes inferidos a nuestros compatriotas”.
También destacó el periódico que la extensa colonia nicaraguense residente en Costa Rica se había organizado para defenderse de la violencia de que podía ser víctima; que los costarricenses mismos reprobaban la expulsión; y que un agente confidencial del gobierno de Jiménez había llegado a Managua para dar explicaciones.
Finalmente, el reportero de La Prensa señaló: “No tratamos de explotar ningún sensacionalismo, esperando mejores informaciones para escribir nuestro exigido comentario de periodista”.
Esta última aclaración parece haber sido dirigida contra el diputado Leopoldo Arguello Gil, quien veladamente había criticado a ese periódico por inducir al Congreso a tomar medidas extremas.
Explicaciones El 22 de septiembre, La Prensa dio a conocer el resultado de las investigaciones realizadas por la Cancillería nicaraguense, las cuales destacaron que el Partido Comunista de Costa Rica organizó la huelga bananera, y que este movimiento “fue mirado por la nación entera, si no con simpatía, con espíritu de tolerancia, ya que llevaba en miras, mejorar las condiciones humanas de los obreros”.
Ahora bien, según La Prensa , la dirigencia comunista, compuesta exclusivamente por costarricenses, “conociendo el temperamento de los nicaraguenses, encargó sólo a ellos la ejecución de los hechos punibles dentro de la acción huelguista, quedando de esa manera sus instigadores libres, puede decirse, de toda responsabilidad inmediata, y nuestros compatriotas, caídos en semejante error, sufriendo las consecuencias de aquellos actos en la forma conocida”.
De esta manera, según la Cancillería de Nicaragua, el Partido Comunista, “creador de la huelga, prevalido del carácter decisivo del nicaraguense, cargó contra él toda la culpabilidad del caso”.
Así, para la Cancillería nicaraguense, la verdadera razón de la expulsión fue que los deportados se prestaron a las maniobras del comunismo, cuyos líderes, “contando con el apoyo de los nicaraguenses, amenazaron con incendios, voladura de puentes y edificios, ante cuya amenaza el Gobierno costarricense se aprestó con energía a coartar el mal, como era su deber”.
Lo expuesto por la Cancillería no fue del agrado de La Prensa , que criticó fuertemente los estereotipos impuestos a los nicaraguenses, con base en los cuales “fácil es atribuirles todo movimiento subversivo en la vecina del Sur. Son, pues, los cristianos en el tiempo de Nerón”.
Con el fin de reforzar su crítica, La Prensa dio a entender que los comunistas costarricenses no experimentaron mayores represalias por su participación en la huelga pues “resultaba más fácil, seguro ['] y no despertaba disgusto ni intranquilidad en la Tiquicia, la persecución de los pobres nicas, los parias, [quienes] no tienen siquiera la defensa de su bandera”.
El autor es historiador y miembro del Centro de Investigación en Identidad y Cultura Latinoamericanas de la UCR.