Con la intención de evitar el envío a la Asamblea Legislativa de un acuerdo que pretendía otorgarles inmunidad penal a los estadounidenses, el embajador de Estados Unidos en San José exploró una alternativa legal para obviar a los diputados y presionó a la Cancillería costarricence para que la elaborara.
Así lo revela un cable de noviembre del 2005, en el cual el entonces embajador, Mark Langdale, detalló sus intenciones para que Costa Rica se sumara a la lista de 102 países miembros de la Corte Penal Internacional (CPI) que suscribieron acuerdos de inmunidad con los norteamericanos.
Langdale afirmó que el presidente Abel Pacheco (2002-2006) no se oponía al acuerdo del Artículo 98, como se le conoció al tratado.
“Pero él y su ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Tovar, reconocen que un acuerdo de esa naturaleza no sería ratificado por la Asamblea Legislativa”, explicó el diplomático.
La resistencia del país provenía, relata Langdale, “del muy amplio apoyo para la Corte Penal Internacional (CPI), uno de cuyos jueces es la costarricense (Elizabeth Odio), y por la creencia de que un acuerdo de Artículo 98 de alguna forma mina la CPI y debilita el compromiso de Costa Rica con el multilateralismo y el derecho internacional”.
El embajador reseñó que la Constitución costarricense exige que la Asamblea Legislativa apruebe los acuerdos internacionales negociados por el Ejecutivo para que se consideren válidos, pero que existía una excepción para “protocolos de menor rango” que se deriven de un acuerdo internacional existente. “El ejecutivo puede promulgar uno de tales protocolos sin aprobación legislativa”, consignó Langdale.
El diplomático plasmó su plan de acción en el mismo cable: “La clave sería identificar un convenio internacional existente que pudiera servir como base legal para el alcance de protecciones que contiene un acuerdo de Artículo 98. Tenemos que convencer al presidente Pacheco, pero en última instancia a la Sala Constitucional de la Corte Suprema”, adelantó.
La tarea con la Sala IV sería difícil, adelantó, porque “La Corte tiene un historial de traerse abajo el ejercicio del Poder Ejecutivo”.
La mañana del 21 de noviembre, el embajador Langdale dijo haber llamado por teléfono a Tovar para “retomar” las conversaciones para hacer “algo” acerca del acuerdo.
“Tovar respondió que en este momento está consumido por completo preparando un documento sobre la disputa fronteriza con Nicaragua, pero que después de eso pensará cómo dar forma a una solución y se comprometió a volver con el embajador después de los feriados navideños”.
En enero del 2006, Langdale retomó el tema en otra conversación con Tovar, según revela uno de los cables: “Tovar dijo al embajador que estaba trabajando en una ‘alternativa’ para el Artículo 98 fundamentada en acuerdos existentes entre los Estados Unidos y Costa Rica y en el derecho costarricense existente. Esperaba tener una propuesta escrita en dos semanas”.
Los cables no reportan más seguimientos a las conversaciones con el canciller.
Simultáneamente, el embajador abordó al entonces candidato presidencial Oscar Arias para conocer su posición sobre firmar el acuerdo del Artículo 98. “No dijo si su administración, que se espera tome posesión el 8 de mayo, tendría un enfoque diferente al de la administración Pacheco respecto al Artículo 98, pero él si criticó el ‘unilateralismo’ estadounidense, al citar entre otras cosas el rechazo de los EE. UU. a unirse a la CPI. Después de la reunión, sin embargo, la compañera de fórmula de Arias Laura Chinchilla pidió una copia del acuerdo de Artículo 98 entre Estados Unidos y Colombia, que le suministramos”.
“Esta semana de reuniones no nos acercó a un acuerdo de Artículo 98 con Costa Rica. La administración Pacheco no está enfocada en negociar un acuerdo, sino en cómo evitar los efectos adversos de no tener un acuerdo. Aunque ya estábamos en contacto con Óscar Arias, el probable sucesor de Pacheco, sobre el tema, creemos que está aún más opuesto al Artículo 98 que el mismo Pacheco”, concluye el cable.
En mayo del 2006, volvieron a consultar a Arias y a Chinchilla sobre el tema y la vicepresidenta electa confirmó que el Gobierno no apoyaría el acuerdo y buscaría una exclusión de las sanciones, que EE. UU. impuso en el 2006.