Exjefe del Conavi evitó jurar la verdad al comparecer hoy ante diputados

San José (Redacción). El exjefe del Conavi Manuel Serrano explicó durante dos horas a los diputados su versión sobre la trocha fronteriza, pero evitó hablar bajo juramento de verdad.

Esto porque él figura como “sospechoso” en una causa abierta por el Ministerio Público y corría peligro de acabar dando información contra sí mismo, explicó su abogado José Miguel Villalobos.

Serrano, quien era el ejecutor de la trocha dentro de la Consejo Nacional de Vialidad (Conavi), negó haber recibido dádivas y dijo que volvería a actuar como lo hizo durante el 2011. “Nosotros no cobrábamos para entrar (en las contrataciones)”, contestó ante una pregunta concreta de un diputado.

Si la circunstancias lo pusieran de nuevo en esas situaciones “yo tendría que volver a hacerlo”, pues adujo que siempre todo se hizo “siguiendo órdenes que venían de arriba hacia abajo”, en alusión a las directrices de un “grupo de alto nivel” formado por los ministros Francisco Jiménez, José María Tijerino y el vicepresidente Luis Liberman, entre otros.

Agregó que esperaría que sus superiores jerárquicos asuman también la responsabilidad de las decisiones que tomaron sabiendo las dificultades administrativas del proyecto. Se quejó incluso de que “por falta de personal y saturación de trabajo” no contestó cuestionamientos que en varios momentos le planteó la auditoría interna de Conavi.

Sus palabras las dirigió a los diputados de la comisión de control de Ingreso y gasto público, encargados de una investigación sobre posibles anomalías en la construcción de la vía fronteriza que Serrano rechazó llamar “carretera” e insistió en nombrarla “trocha”.

Serrano contó que eran comunes las reuniones de empresarios con estos y otros jerarcas y que la única fiscalización hecha estaba “a cargo de las comunidades”, debido al carácter de “emergencia” que tenía la obra.

La construcción de la trocha fue una decisión adoptada como consecuencia del conflicto con Nicaragua en torno a isla Calero y con el argumento de que los policías ticos debían tener una via para patrullar la zona fronteriza.

Se calcula que el monto destinado a la trocha llega a ¢21.000 millones, de los cuales ya se han invertido ¢17.000 millones, aunque tramos de la vía están intransitables por caída de puentes y hundimientos.

Tras conocerse sobre posibles irregularidades en este proyecto,Chinchilla separó del gabinete a su ministro del MOPT, Francisco Jiménez, quien compareció la semana pasada y aseguró que todas las decisiones se adoptaron “en Zapote”.

Jiménez también dijo que existió un grupo asesor del círculo de la presidenta Laura Chinchilla, del cual él formaba parte, donde se discutían políticas y proyectos de infraestructura en general y no específicamente la trocha.

Él debía volver a comparecer hoy, pero ayer envió un correo en el que informó de que debió salir del país y cuestionó la intensión de realizar un careo sobre el tema hoy con el exdirector del Conavi Carlos Acosta, como pretendía la presidenta de la comisión, la diputada Patricia Pérez.

Esta comparecencia simultánea se realizará la próxima semana, según la convocatoria aprobada esta mañana por unanimidad.