San José (Redacción). El excontralor general de la República Alex Solís presentó un proceso de ejecución de la sentencia para cobrar al Estado los daños y perjuicios por su destitución en diciembre de 2004.
El reclamo de Solís es por $5,3 millones, más de ¢2.655 millones. En el documento que presentó ante la jurisdicción contenciosa administrativa, los abogados del excontralor pide que se consulte el criterio de la Procuraduría General de la República sobre si se puede cobrar el monto a los exdiputados que votaron por su destitución.
Solís dijo esta tarde que se trata de una lucha porque se restablezca el estado de derecho en Costa Rica.
“Siento una enorme tranquilidad, estoy convencido que con hacer este cobro contribuyo a que se respete la autonomía e independencia de la Contraloría General de la República”, dijo Solís Fallas.
El excontralor afirmó que su demanda es un precedente para terminar con la impunidad.
“No es posible que algunos diputados, valiéndose de su impunidad, intenten arrebatarle su honor a una familia completa”, apuntó.
El 13 diciembre de 2004, Alex Solís fue destituido luego de un proceso en la Asamblea Legislativa por una supuesta falsificación de firmas de su hermano, Ottón.
En esa ocasión, 39 diputados votaron a favor de la destitución, y 12 votaron en contra del acto.
En enero de 2009, Solís era asesor del exdiputado y exjefe de fracción liberacionista Óscar Núñez. Así, impulsó la aprobación de una moción para que la Asamblea pidiera disculpas por la destitución que se aprobó en 2004.
Esa moción se aprobó el 26 de enero de 2009, y dio pie a que la esposa de Solís presentara una acción de inconstitucionalidad contra la destitución ante la Sala Constitucional. Núñez despidió a Solís porque consideró que el exjerarca de la Contraloría lo había usado para que se aprobara la moción.
Ese proceso fue resuelto con lugar por la Sala IV , la cual ordenó el pago de daños y perjuicios al excontralor.
Ese voto de los magistrados se dio en agosto de 2010 y se le notificó a Solís a inicios de 2011.
Dos años después, el excontralor cobra al Estado por sus salarios caídos en un nombramiento que, de haber continuado, era por ocho años.