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EDITORIAL

Ética y legalidad

Actualizado el 28 de septiembre de 2012 a las 12:00 am

Se impone preguntar si el manejo de la deuda política en el PAC rima con la rigurosa ética pregonada por la agrupación

Ottón Solís, fundador y máximo dirigente del partido, siempre fue cuidadoso, hasta ahora, en distinguir entre la ética y la legalidad

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La dirigencia del Partido Acción Ciudadana (PAC) estaba dispuesta a ofrecer sus servicios a la campaña electoral sin obtener compensación económica. Es una actitud normal, sobre todo de quienes aspiran a un cargo público, pero la agrupación insistió en pagarles con bonos clase “B”, de muy difícil cobro, dada la votación esperable.

Así, el PAC transformó el trabajo voluntario de sus candidatos y dirigentes en servicios que podría cobrar al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) en plata contante y sonante. El pago a los dirigentes se hizo con papeles sin contenido económico, pero el partido recibió del Estado un reembolso en efectivo.

En resumen, hubo reembolso monetario de un gasto innecesario, pagado con títulos sin valor. Ahora, los dirigentes declaran que de cualquier forma nunca pretendieron el cobro y habrían donado el dinero al partido si los bonos hubieran adquirido valor en virtud de un milagro electoral. Eso no sucedió y, por tanto, nada donaron, pero el dinero al que no tuvieron derecho sí ingresó a las arcas del PAC por arte del birlibirloque de nuestra ley electoral. Si el partido insiste en que sus dirigentes hicieron una donación, habría que entenderla como una donación de dinero ajeno, de fondos públicos, para ser exacto.

Si el milagro se hubiera producido y los beneficiarios hubieran donado el importe de los bonos al partido, el altruismo también habría sido cuestionable. Son conscientes de que se les pagó por un servicio que estaban dispuestos a prestar gratuitamente, como es normal en las campañas políticas. Cuando se les pregunta, mueven cielo y tierra para enfatizar que jamás se habrían embolsado el dinero. ¿Por qué ese pudor, pero ningún reparo en donar las sumas que no se sienten con derecho a cobrar personalmente?

En términos prácticos y a fin de cuentas, el pago con bonos “B” de servicios que pudieron ser gratuitos le permitió al partido cobrárselos al TSE sin haber hecho un gasto en efectivo. Todos los participantes debieron sospecharlo, pero el tesorero de la agrupación lo confirma cuando explica por qué los bonos ni siquiera fueron entregados a los dirigentes en su condición de proveedores de servicios que normalmente no se pagan, como la coordinación de campaña asignada a los candidatos a diputado en los cantones cuya representación pretendían.

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El partido mantuvo los bonos en custodia para evitar su venta antes de confirmar si tendrían algún valor, dijo Maynor Sterling, tesorero de la agrupación. La hipótesis de que llegaran a valer algo siempre fue improbable y ya existía la experiencia del 2006, cuando “compradores de buena fe” –dice Sterling– se sintieron engañados.

Si el PAC no entregó los bonos para evitar que alguno de sus dirigentes sorprendiera con ellos a terceros de buena fe, surge una pregunta inevitable: ¿Pagó de buena fe el partido los servicios de sus dirigentes? Los bonos son los mismos y su único efecto, en la práctica, fue generar facturas posteriormente cobradas al TSE por el monto de ¢1.160 millones, de los cuales ¢560 millones fueron reembolsados con fondos públicos.

El mecanismo es legal. No debería serlo, porque se presta para encubrir donaciones y generar facturas por servicios que el voluntariado suple de forma gratuita. El TSE investiga la posibilidad de que en el proceso existiera algún roce con la ley, pero la pregunta obligada, a partir de los hechos expuestos, es si lo sucedido rima con la rigurosa ética pregonada por el PAC, especialmente en materia de deuda política.

Ottón Solís, fundador y máximo dirigente del partido, siempre ha sido cuidadoso en distinguir entre la ética y la legalidad. “Es legal, pero no ético”, es una frase usual en su discurso cuando lo dirige a criticar a sus rivales. En esta ocasión, se ciñe a la legalidad y declara: “El tema es si son falsos los contratos, si son falsas las firmas. Ese es el tema y ahí es donde está la gravedad de esto, si hay gravedad”.

¿Es ese el tema? ¿Dónde queda la distinción entre la legalidad y la ética, tantas veces hecha para criticar al contrario? Por lo pronto, don Ottón, abanderado de la lucha contra el abuso de la deuda política, no percibe “nada en que haya problema ético” y está a la espera de que le confirmen que todo se hizo legalmente.

El PAC cobró al Estado servicios que normalmente se prestan sin compensación, pero fueron pagados, por insistencia del partido, con bonos demasiado riesgosos para entregárselos a los acreedores –dirigentes de la agrupación– por temor a que fueran utilizados para sorprender a terceros de buena fe.

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Los acreedores nunca pretendieron el pago, y el resultado electoral, como era previsible, les negó todo derecho a hacerlo efectivo, con lo cual no pudieron donar los fondos al partido. Cuando mucho, le donaron la factura, pero el dinero lo pagaron los costarricenses. Sin embargo, en criterio de don Ottón, le dieron una contribución al partido trabajando voluntariamente, y, si los contratos y firmas son ciertos, “todo eso no tiene nada de poco ético”. Don Ottón, por su parte, se desvela por dejar claro que a nadie le pidió contratos y jamás cobró un cinco, ni siquiera para donarle al PAC el dinero del TSE.

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