María migró a la ciudad con la ilusión de una vida mejor, lo mismo hizo Gabriela, madre responsable de una pequeña de meses por quien no dudó en cruzar fronteras. Ambas creyeron ingenuamente en promesas y engaños, la primera de un “amigo”, la segunda atraída por un anuncio de trabajo. Ambas, cayeron en las redes de la esclavitud contemporánea: la trata de personas.
Cada año millones de personas, la mayoría mujeres y menores, son engañadas, vendidas, coaccionadas o sometidas a alguna forma de explotación sexual o laboral. Se trata de una millonaria industria en la que personas se negocian , trafican y se les niegan los más elementales derechos humanos.
Según NN. UU. esta moderna versión de esclavitud ha tomado proporciones epidémicas, flagelo del que ningún país se halla inmune, y Costa Rica no es la excepción.
De acuerdo con un reporte del Departamento de Estado de los Estados Unidos y publicitado por su Embajada, Costa Rica es un país de origen, tránsito y destino para víctimas de trata con fines de explotación sexual y trabajo forzado.
Según el citado informe, mujeres y niñas de países como Nicaragua, República Dominicana y varios latinoamericanos han sido identificados en nuestro país como víctimas de trata con fines de explotación sexual o de servidumbre doméstica. Igualmente se señala cómo el turismo sexual infantil se ha convertido en un grave problema especialmente en Puntarenas, Guanacaste, Limón y San José.
Si bien el país ha hecho avances significativos como la ratificación en el 2002 del Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, así como la creación de la Coalición Nacional contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y la Trata de Personas (2005) que articula 22 instituciones, además de mejoras en la legislación como la ampliación del tipo penal en el 2009 y reforma al artículo 172 del Código Penal, lo cierto es que para combatir este flagelo con poderosos tentáculos en el crimen organizado, se requiere mucho más.
Por tal razón la aprobación en segundo debate del proyecto 17594, Ley contra la Trata de Personas y Actividades Conexas (etapa de publicación), e iniciativas como la Fundación Rahab, ONG costarricense con amplia trayectoria y reconocimientos internacionales en el tema, deben ser apoyadas.
Las acciones valen más que las palabras, así que me he unido al Global Advisory Council de Rahab, que comparto con Ofelia Taitelbaum, Marcela Chacón, Mónica Araya, Roberto Artavia, Glenda Umaña, entre otros, convencida de que la articulación público-privada-sociedad civil es el principio del cambio que el país necesita.
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