Archivo

EDITORIAL

Equidad en el empleo

Actualizado el 31 de agosto de 2012 a las 12:00 am

En el Gobierno central, las anualidades son del 1,94%. En algunas instituciones autónomas, llegan al 5,5%. El Gobierno propone 2,54% para todos

En una institución, el gerente de área gana ¢4,6 millones. En otra, el mismo puesto, idénticos atestados y similares responsabilidades se remuneran con ¢900.000

Archivo

Equidad en el empleo

Rellene los campos para enviar el contenido por correo electrónico.

El Gobierno decidió hincar el diente en uno de los más graves problemas estructurales del Estado costarricense. Si logra sus propósitos, el aporte será histórico. El reto es revertir 60 años de excesos y distorsiones en el empleo público. No se trata de eliminar beneficios sin criterio ni razón, sino de limitar los excesos y crear el espacio requerido para mejorar la condición de los trabajadores estatales menos afortunados y mejorar la situación de las finanzas públicas.

Las diferencias entre la remuneración en los sectores público y privado son chocantes. En promedio, un empleado del Gobierno Central gana 2,2 veces más que su contraparte en la empresa privada y disfruta de beneficios mucho mayores en el cálculo de la cesantía y otros extremos laborales. Pero la desigualdad es también notoria en el sector público. Los empleados de las instituciones autónomas ganan todavía más y sus privilegios caen en el exceso.

El desorden impera, y gana más quien más grita. En una institución, el sueldo del gerente de área alcanza ¢4,6 millones. En otra, el mismo puesto, idénticos atestados y similares responsabilidades se remuneran con ¢900.000. Dependiendo de la entidad donde consigue trabajo, el empleado público puede tener derecho al mínimo de ocho meses de cesantía o a una indemnización sin tope.

Quien labora en la Caja Costarricense de Seguro Social sale del cargo con 20 meses de cesantía, pero su similar en el Consejo Nacional de Producción tiene derecho a 25, para no mencionar al común de los mortales, en cuyo caso impera el tope de ocho años. Gilbert Brown, sindicalista de Recope, se opone a la iniciativa gubernamental y anuncia su decisión de impedir el regreso a 1943, cuando no regía el Código de Trabajo. ¿Qué tal volver al Código mismo, donde la cesantía se fija en el pago de 22 días por año laborado hasta un máximo de ocho años?

La iniciativa gubernamental ni siquiera plantea esa posibilidad. La intención es frenar los excesos sin irrespetar derechos adquiridos. No se trata de volver al Código aplicado al común de los costarricenses y elogiado por el sindicalista, sino de moderar los privilegios concedidos por encima de las garantías contempladas en él, cuyo pago corre por cuenta del común de los costarricenses, sea por la vía de los impuestos o por la de la inflación, las tasas de interés y otros fenómenos económicos nocivos causados por el desequilibrio en las finanzas públicas.

PUBLICIDAD

La misma legislación laboral, aplicada por la Sala II de la Corte Suprema de Justicia, contradice la naturaleza perpetua e incremental conferida a las convenciones colectivas por jerarcas omisos y sindicalistas insaciables. El patrono, en este caso el Estado, tiene derecho a denunciar la convención un mes antes de su vencimiento para sentarse, de nuevo, a negociar. En la práctica, los beneficios incorporados a las convenciones colectivas se entienden como el piso mínimo para la siguiente negociación, y así se han conseguido los excesos tantas veces denunciados en Recope y otras instituciones públicas.

La Asociación Nacional de Empleados Públicos (ANEP) califica el proyecto gubernamental como “una ofensiva contra los sobresueldos en la administración pública”. Con mayor sinceridad, reconocería que la ofensiva es contra algunos sobresueldos, los menos justificados. En el Gobierno central, las anualidades son del 1,94%. En algunas instituciones autónomas, llegan al 5,5%. La ANEP escoge defender el extremo mayor e ignorar la propuesta gubernamental de fijar las anualidades en 2,54% para todos los trabajadores. Es una mejoría instantánea del 0,60% para la mayoría de empleados públicos, pero el sindicato menosprecia esa conquista para defender el privilegio de quienes más ganan.

La eliminación de distorsiones es cuestión de equidad y justicia. La erradicación de los excesos es una sentida necesidad de las finanzas públicas. Si el Gobierno se compromete a fondo con este esfuerzo, asume riesgos políticos, pero despeja cualquier duda de su responsabilidad y valentía.

  • Comparta este artículo
Archivo

Equidad en el empleo

Rellene los campos para enviar el contenido por correo electrónico.

Ver comentarios
Regresar a la nota