Cuatro entidades públicas presentaron observaciones al decreto que publicó el Ministerio de Trabajo, el 3 de noviembre, para que diez empresas estatales trasladen el 5% de sus utilidades al fondo de pensiones del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la Caja Costarricense de Seguro Social.
El Ministerio informó ayer de que las entidades fueron la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope), Correos de Costa Rica, el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) y el Banco Nacional.
Aparte de estas instituciones, también tendrían que afrontar dicha carga el Sistema Nacional de Radio y Televisión, el Instituto Costarricense de Ferrocarriles, el Instituto Nacional de Seguros, la Editorial Costa Rica, el Banco de Costa Rica y Bancrédito.
“Algunas de las observaciones remitidas versan sobre aspectos tales como criterios de oportunidad para la fijación de un 5%, el impacto de esta contribución en las empresas públicas y si se les puede identificar a ellas como empresas públicas como tales”, respondió el Ministerio de Trabajo por escrito, ante la consulta de cuáles fueron las observaciones. Sin embargo, no ahondaron en detalles.
También se les consultó ayer en la tarde a las entidades sobre sus observaciones, pero no fue posible obtener respuesta.
José Rafael Alvarado, gerente de Administración y Finanzas de Correos de Costa Rica, había señalado, en octubre pasado, que “cualquier monto que se establezca para contribuir a otras instituciones va a afectar financieramente el flujo efectivo de la entidad”.
Los bancos Bancrédito y Banco de Costa Rica también se habían opuesto por considerar que los bancos estatales soportan una carga alta sobre sus utilidades.
Dicho artículo señala que las “empresas públicas del Estado” deben hacer una contribución hasta del 15% de sus utilidades para fortalecer el régimen de Invalidez, Vejez y Muerte, del cual dependen las pensiones de casi 1.449.000 trabajadores asegurados.