Pongamos las cosas en perspectiva. Causa preocupación que el déficit fiscal del sector público sea tan alto (cerca del 5% del PIB, indicador que estima el tamaño de la economía). En los próximos años habrá que hacer milagros para atender gastos en pensiones y salud (10% del PIB), educación (otro 8%) y otros programas sociales, de infraestructura y fomento productivo. Como, tratándose de gobiernos, los milagros no existen, lo más seguro son las tijeras a programas sociales, cosa que afectará a muchas familias, especialmente las de bajos ingresos, para quienes las transferencias públicas son muy importantes.
Pensemos ahora el escenario que bosqueja para el 2040 el demógrafo Luis Rosero, del Centro Centroamericano de Población de la UCR, en la investigación Cuentas nacionales de transferencias generacionales. Si mantenemos a ese año las cosas como están hoy, en términos de impuestos, pensiones y gastos en salud y educación, el resultado es el siguiente: a una generación vista requeriremos un 16% del PIB solo para atender los gastos de salud y pensiones de una población cercana a seis millones de personas, de las cuales una cuarta parte tendrá más de 60 años. A eso agréguele el 8% para educación y otro tanto para las demás obligaciones públicas. Tendremos no un hueco fiscal, sino un hoyo negro galáctico: un Estado en bancarrota. Y, entonces sí, asistiremos a ese espectáculo tan tico de pelearnos por capear responsabilidades y echar culpas a los demás.
El problema nuestro, así visto, no solo es de corto, sino de largo plazo. Y aquí no hay inocentes ni explicaciones simplistas. Una de las facilonas que anda por ahí es que como el Estado es un mero tragón de recursos, la cosa se arregla amputando el gasto. Claro que hay que racionalizarlo, pero la inversión pública es importante para el desarrollo del país. Otra es que el problema se arregla apiándose a mansalva todas las exenciones fiscales (cerca del 6% del PIB). Una variante dice que basta con poner más impuestos y nos salvamos. Pues no y no: aquí es dando y dando. Hay que hacer cosas tanto por el lado del gasto como por el lado de los tributos y las exenciones. Con cuidado y diálogo. Pero, además, será necesario introducir cambios en los regímenes de pensiones –por ejemplo, eventualmente aumentar la edad de pensión–.
Nada de esto es fácil porque de la libérrima tetamenta pública cuelgan muchos y diversos grupos, empresarios incluidos. Sin embargo, necesitamos aprovechar las dificultades actuales para procurar, a inicios del próximo gobierno, una solución duradera al tema de las finanzas públicas basado en un acuerdo político de amplio espectro. El futuro es ahora.
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