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Actualizado el 21 de febrero de 2013 a las 12:00 am

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De los tres poderes del Estado, el Judicial es el único que en los últimos veinte años experimentó un fortalecimiento político, institucional y presupuestario. Pasó, para bien y para mal, de telón de fondo a actor de primera línea en el funcionamiento del Estado costarricense. Multiplicó la cantidad de jueces y operadores judiciales en propiedad y desplegó tribunales por todo el territorio nacional. Presupuestariamente, pasó de un gasto judicial de menos de 20 dólares per cápita por año a 80 dólares. Pese a sus fallas, nuestro Poder Judicial es de los más sólidos y respetados del continente. Buena parte de los cambios, inconclusos y parciales pero sustantivos, fueron liderados por Luis Paulino Mora, el magistrado-presidente fallecido el pasado domingo.

En los últimos días ha habido muchas palabras de homenaje a su figura por parte de diputados, miembros del gabinete de gobierno y colegas magistrados. Son palabras merecidas. Sin embargo, ¡qué caray!, los entendidos saben que hablar por hablar no cuesta nada, especialmente sobre alguien que ya no es parte de este mundo. En vista de que todos andan en plan de realzar la figura del presidente fallecido, les tomo la palabra y propongo dos homenajes muy concretos, que son, al mismo tiempo, un desafío a los poderes del Estado.

El mejor homenaje que la Asamblea Legislativa puede hacer es un proceso transparente y expedito de selección del nuevo magistrado y la escogencia de una persona de reconocida independencia partidaria y acreditación profesional. Evitar las tomaduras de pelo, las chanfainas o el “enviar señales” y, sobre todo, maniobrillas para colocar fichas leales. La responsabilidad principal recae en el PLN. El Ejecutivo podría evitar la debacle del reciente episodio de la no reelección del magistrado Cruz, cuando quedó con las manitas embarradas. No colaboren ni sean cómplices de chanchaditas. Manosear la independencia del Poder Judicial puede dar réditos de corto plazo a algún operador político, pero dañará la legitimidad de la institución.

El Poder Judicial también tiene una grave responsabilidad en dar la nota del homenaje adecuado. En una Corte Plena cruzada por múltiples pujas, rondan los peligros. Uno es que se desate una rebatiña por la elección de su presidente que termine por desacreditar a esta instancia. Otro es que la presidencia resultante sea débil, una transacción por salir del paso, que debilite el proceso de modernización que es el principal legado de Mora. Ojalá las autoridades superiores del Poder Judicial entiendan que los jueguitos y velocidades en la sustitución del magistrado-presidente pueden ser veneno para nuestra democracia.

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