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Actualizado el 20 de septiembre de 2012 a las 12:00 am

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La justicia laboral es la que atiende los conflictos surgidos en las relaciones de trabajo, un área crítica porque típicamente atiende casos en los que por naturaleza las partes tienen un poder muy desigual: por un lado, los patronos y, por el otro, trabajadores. Por muchos años ha sido lenta e ineficaz. En 2010, la duración promedio de un juicio laboral era de casi dos años (diez años antes era dos años y medio). Pese a diversos intentos, la morosidad judicial, el acumulado de casos no resueltos al final de cada año, sigue muy elevada. No era inusual la situación de que cuando un tribunal fallaba, por lo general tardíamente, la sentencia ya no podía ejecutarse.

La Asamblea Legislativa aprobó la semana pasada la ley de reforma procesal laboral. Se trata de una pieza de gran envergadura pues aparte de introducir procedimientos orales que agilizarán trámites, crea la asistencia legal gratuita para trabajadores de escasos recursos; moderniza la regulación sobre temas laborales como las huelgas y paros; establece procedimientos especiales para personas con fueros especiales y obliga a los empleadores a probar su dicho cuando no exista acuerdo sobre aspectos que es su obligación tener registrados (por ejemplo, disputas sobre la fecha de ingreso a laborar de un trabajador).

Lo más notable es que esta importante reforma no es producto de un agrio conflicto. Fue un largo proceso donde los puntos de vista de los sindicatos, las cámaras empresariales, el Gobierno y el Poder Judicial lograron compaginarse en un texto de ley. Es un ejemplo de que el diálogo político es posible y que puede conseguir cosas importantes aun en temas tan espinosos como las relaciones obrero-patronales y aun en condiciones donde prevalece la desconfianza y esa sensación de que somos unos inútiles marca diablo. Si el diálogo sacó adelante esta reforma en un ambiente tóxico: ¿no podría también sacarnos las castañas del fuego en otras áreas? Digo que sí.

Pero, siempre hay un pero y este no es menor. La reforma tiene un lado complicado: amplía las obligaciones públicas de defender a trabajadores, pero no contempla ninguna previsión presupuestaria. Una vez más, como lo hace con frecuencia, el Congreso reconoce derechos, pero no da plata. Sin embargo, derechos sin contenido son besitos tirados al aire. “Que el Poder Judicial se acomode”, dijo un diputado. Linda cosa eso de crear demandas que las instituciones no tienen con qué cumplir. Ciertamente no procede un veto parcial a la ley para deshacer el entuerto, como propone la Defensoría Pública. Echar atrás lo que tanto costó, causaría un mal mayor. El Congreso debe hacer la previsión económica e indicar de donde se raspará la olla.

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