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Enfermos en Semana Santa

Actualizado el 21 de abril de 2013 a las 12:00 am

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El abuso de las incapacidades en el sector público no está en duda. Nadie da crédito a las enfermedades alegadas para justificar la concesión del doble de permisos a trabajadores del Estado respecto de sus contrapartes del sector privado. Tampoco hay base para creer en licencias otorgadas, de nuevo en proporción de dos a uno, a los funcionarios de las instituciones autónomas frente a los del Gobierno Central.

Ningún argumento racional podría explicar por qué los empleados del sector privado se enferman cinco veces menos que los de la Caja Costarricense de Seguro Social, cuatro veces y media menos que los de Japdeva y tres veces menos que los del Banco Popular.

El abuso es evidente y muchos empleados del Estado se encargan de enrostrárselo a la sociedad cada vez que se presenta la oportunidad. El incremento de las incapacidades durante el Mundial de Futbol está bien documentado. Apenas se trata de un ejemplo.

La última demostración estuvo a cargo de los funcionarios del Poder Judicial, cuya jerarquía decidió, este año, mantener abiertos los despachos durante los primeros días de Semana Santa. La decisión va a contrapelo de la costumbre de conceder vacaciones para sumárselas a los días festivos, pero se enmarca en las potestades de la Corte como patrono.

Anunciada la decisión de la jerarquía, una inexplicable epidemia duplicó el número de enfermos en los despachos judiciales. Hasta la Semana Mayor, el número promedio de incapacidades concedidas este año fue de 67 diarias. Llegado el lunes santo y hasta el miércoles, el promedio subió a 140.

A los empleados judiciales incapacitarse no les cuesta un céntimo. A diferencia de la inmensa mayoría de ciudadanos, se les paga un subsidio por enfermedad equivalente al 100% del salario. El subsidio general es del 60%, y el privilegio a los funcionarios de la Corte solo encuentra comparación en otro puñado de instituciones estatales.

Además, la Ley Orgánica del Poder Judicial confunde los conceptos de salario y subsidio. El subsidio por incapacidad se considera salario y se toma en cuenta para calcular los beneficios laborales, como las prestaciones y el aguinaldo. Si rectificara su errónea política, el Poder Judicial podría ahorrar más de ¢2.750 millones solo por concepto del 40% de subsidio adicional, pero la mayor economía estaría en la reducción de las incapacidades y la caída de los beneficios calculados con base en el salario. Los magistrados, por su parte, tendrían mejores posibilidades de lograr respeto para la decisión de laborar en Semana Santa.

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Armando González R.

agonzalez@nacion.com

Editor General Grupo Nación

Laboró en la revista Rumbo, La Nación y Al Día, del cual fue director cinco años. Regresó a La Nación en el 2002 para ocupar la jefatura de redacción. En el 2014 asumió la Edición General de GN Medios y la Dirección de La Nación. Abogado de la Universidad ...

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