Más de 100 funcionarios de las oficinas centrales del Patronato Nacional de la Infancia (PANI) solicitaron ayer la destitución de la presidenta ejecutiva de la entidad, Marielos Hernández.
La petición ingresó a la Casa Presidencial ayer a las 4 p. m., confirmó Freddy Alpízar, del Departamento de Correspondencia.
La misiva, de la cual La Nación tiene copia, le atribuye a Hernández actos de persecución y acoso laboral, así como “indiferencia y pasividad en la gestión”.
“La señora Hernández hace un uso extralimitado del poder en el entorno laboral mediante el uso sistemático, recurrente y progresivo de la fuerza intimidatoria que ha atentando contra la integridad moral de muchos funcionarios”, señala carta, que asegura que al menos 28 funcionarios han sido víctimas de dichos actos.
Asimismo, el documento le atribuye a Hernández un desinterés ante “el desfinanciamiento del próximo año de las alternativas de protección privadas, las cuales protegen a la población menor de edad más vulnerada”.
Se intentó conocer la reacción de Hernández ayer en la tarde, pero no contestó su teléfono.
Por su parte, el ministro de Comunicación, Francisco Chacón, indicó que aún no tenía conocimiento de la carta, pero aseguró que se le daría trámite como a cualquier otra gestión que ingresa.
A finales de agosto, trascendió que la Procuraduría de la Ética investiga tres denuncias contra Hernández por una presunta influencia en casos vinculados con menores de edad. Una la planteó el diputado Wálter Céspedes.
A escala nacional, 783 personas laboran para el Patronato.