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Embate contra la Justicia argentina

Actualizado el 07 de marzo de 2013 a las 12:00 am

Cristina Fernándezpierde cadavez másel rumbo

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Embate contra la Justicia argentina - 1
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Embate contra la Justicia argentina - 1

La Justicia argentina está sufriendo una arremetida frontal por parte de la mandataria Cristina Fernández, quien procura doblegar el único contrapeso que queda a su poder. La viuda de Kirchner aprovechó la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso, el pasado viernes, para anunciar su intención de politizar la designación de los miembros del Consejo de la Magistratura y, por esa vía, llenar los tribunales con partidarios del peronismo.

Con la manida excusa de “reformar” el Poder Judicial, Kirchner anunció que promoverá legislación para que los integrantes de ese Consejo se elijan por voto popular; es decir, igual que los diputados y cualquier otro puesto político. Dado que el Consejo de la Magistratura tiene a su cargo nombrar y supervisar los jueces, la maniobra es tan transparente como burda: la pretensión es nombrar magistrados obedientes al peronismo, para que a su vez llenen las cortes con jueces kirchneristas.

Naturalmente, eso representaría un golpe mortal a la independencia del Poder Judicial argentino. Y ese es, precisamente, el propósito de la mandataria, furiosa por decisiones judiciales en su contra. Por eso resolvió tomar revancha recurriendo a una página arrancada del manual chavista sobre cómo convertir la institucionalidad democrática en un mero cascarón al servicio del mandamás.

Las resoluciones judiciales que más molestan a Kirchner son las que han aprobado medidas cautelares que impiden materializar su abierta intención de despedazar al diario Clarín y el grupo informativo al que pertenece. Se trata, ni más ni menos, de un abierto ataque contra la libertad de prensa. No extraña, entonces, que otra de sus propuestas consista, precisamente, en prohibir medidas cautelares que afecten el Poder Ejecutivo. Así, el Gobierno sería libre de hacer lo que se le antoje, contra quien sea, sin que ni siquiera una resolución judicial pudiese proteger a los ciudadanos contra un eventual atropello político.

Trato con Irán. A la acometida contra la integración del Poder Judicial se suma a otra grave decisión de una semana antes. Desconociendo las investigaciones y decisiones judiciales en el caso del salvaje atentado terrorista contra el edificio de la AMIA, de la comunidad judía, en 1994, que causó 85 muertes y centenares de heridos, la administración Fernández suscribió un convenio con Irán para establecer una “comisión de la verdad” que “investigue” esa masacre.

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El único detalle es que fue precisamente el régimen de Irán el que estuvo detrás del atentado, perpetrado por el grupo terrorista Hezbolá bajo las órdenes y con el financiamiento de Teherán. Según las investigaciones realizadas a lo largo de más de 10 años por la Justicia argentina, el involucramiento de los ayatolás en ese atentado fue de alto nivel, incluyendo al hoy expresidente iraní Alí Akbar Rafsanjani, al exministro de Relaciones Exteriores, Alí Akbar Velayati, al ex viceministro de esa cartera, Haidi Soleimanpour, y al actual ministro de Defensa, Ahmad Vahidi. Existen órdenes vigentes de captura giradas por Interpol contra este conjunto de figuras oficiales.

Durante años, los Gobiernos argentinos, sin importar su color político, han exigido a Interpol detener a los patrocinadores de ese acto de terrorismo de Estado.

Pero ahora, Cristina Fernández cambió abruptamente de curso, descalificando las investigaciones judiciales argentinas a fin de negociar con los ayatolás un acuerdo denunciado por los familiares argentinos de las víctimas como una maniobra para dar sepultura al asunto.

Aventuras con misiles. ¿Qué hay detrás de este abrupto cambio de curso, que se contrapone incluso a la política que al respecto siguió el difunto Néstor Kirchner? Ya ha trascendido una explicación tan clara como cínica: el régimen iraní está colaborando, a través de intermediarios venezolanos, con una aventura de Fernández para desarrollar misiles de corto alcance, según un reportaje de La Nación, el principal diario argentino. Existen otros compromisos, sobre todo en materia comercial, que serán analizados próximamente.

De esta manera, mientras la ciudadanía enfrenta una inflación galopante, la virtual imposibilidad de conseguir dólares para viajar y, además, con problemas de abastecimiento de productos, la mandataria considera que es de mayor prioridad dedicar ingentes recursos para desarrollar un misil.

Conocido como Cóndor II, y ahora rebautizado como Gradicom, el misil cuenta con un alcance superior a los 300 kilómetros y cuya proliferación está prohibida internacionalmente.

Se trata de un proyecto desarrollado por la entidad Fabricaciones Militares, extrañamente una dependencia del Ministerio de Planificación, no del de Defensa. Y la aventura se ejecuta, según La Nación, en sociedad con la Compañía Anónima Venezolana de Industrias Militares (CAVIM). Resulta significativo que CAVIM acaba de ser sancionada –a mediados de febrero– por el Departamento de Estado estadounidense, debido a sus vinculaciones con Irán y su tecnología de misiles.

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Fernández, entre otras cosas, evidentemente truncó las legítimas aspiraciones de sus compatriotas, los familiares de las víctimas del atentado de la AMIA.

Asimismo, intervinieron testaferros chavistas para producir dicho misil, cuya necesidad y propósito son cuestionables pues solo podría ser usado contra los vecinos suramericanos más cercanos. Resulta evidente que Cristina Fernández pierde cada vez más el rumbo. De ahí que la libertad de prensa le estorbe tanto y que ahora también haya arremetido contra el Poder Judicial para privarlo de toda independencia y capacidad para constituir un contrapeso a sus veleidades.

Por desgracia, bajo las erráticas decisiones de Cristina Fernández, los augurios para Argentina parecen cada vez peores.

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