Una democracia “disfuncional” e “hiperlegalista”, lenta para tomar decisiones, ávida de una reforma y con instituciones “abotagadas e ineficientes, que dan servicios de mala calidad y que son susceptibles a la corrupción”.
Esta es la percepción que tenían de Costa Rica los representantes de Estados Unidos.
“El cambio de cualquier tipo no se produce rápida ni fácilmente en Costa Rica”, decía a un cable enviado en enero del 2009.
“Los procedimientos burocráticos frecuentemente son prolongados, complicados y pueden ser desalentadores para los inversionistas nuevos”, señaló otro cable.
“La saga del TLC ha dado lugar a un examen más cuidadoso de la hiperlegalista y en gran parte disfuncional democracia, lo que eventualmente podría provocar una reforma que se necesita con urgencia”, escribió en el 2009 el embajador Peter E. Cianchette.
“El aspecto de la formación de consenso de la democracia en Costa Rica resulta en una lenta toma de decisiones, pero ha permitido a Costa Rica evitar las guerras civiles que asolaron a sus vecinos centroamericanos en la segunda mitad del siglo XX”, escribió el diplomático Rusell Frisbie.
“La difusa estructura política de la Asamblea Legislativa de 57 diputados (que incluyen siete partidos y dos independientes), además de reglas y procedimiento complejos y arcaicos que favorecen el obstruccionismo (y que a menudo requieren el visto bueno a las leyes de la Sala Constitucional), han provocado atrasos durante todo el proceso”, detalló el encargado de negocios de la Embajada estadounidense, Peter Brennan, el 27 de febrero del 2008.
¿Podrá Costa Rica terminar de modernizar su aeropuerto?, se preguntó Brennan en un telegrama enviado en agosto del 2009.
“Esta saga se ha prolongado durante cuatro administraciones, tres contralores y ocho ministros de Obras Públicas y Transportes. El caso de Alterra subraya las muchas debilidades del actual sistema de concesiones, del sistema judicial y la falta de competencia profesional y comprensión dentro del Gobierno costarricense sobre el financiamiento de proyectos de infraestructura de grandes dimensiones”, expuso Brennan en su mensaje.
“El prolongado proceso y múltiples amenazas de colapso evidenciaron las muchas debilidades en el sistema costarricense de concesiones, la propensión costarricense al hiperlegalismo y una renuencia general a concretar proyectos debido a la inclinación costarricense por buscar soluciones ‘perfectas’ basadas en el consenso”, señaló.
En la Embajada tampoco se anduvieron con rodeos para juzgar las instituciones nacionales.
Al Instituto Nacional de Seguros (INS), por ejemplo, lo calificaron en el 2006 como “una moribunda entidad estatal autónoma que tiene equipo obsoleto y carece de la capacidad técnica moderna para manejar información”.
Los papeles del Departamento de Estado dejan ver la intención de los estadounidenses por encaminar al país en el rumbo correcto.
“¿Y qué haremos con todo nuestro ‘tiempo libre’ ahora que el Cafta ha sido completado?, se preguntó el embajador Peter Cianchette en enero del 2009.
Él se respondió: “Hay mucho todavía por hacer, en tanto ayudamos a la democracia de Costa Rica a cumplirle mejor a su gente”.