En términos políticos, América del Sur acaba de vivir su semana más intensa en lo que va del 2010. En tan solo ocho días (del domingo 26 de setiembre al domingo 3 de octubre) la región vivió tres fenómenos de gran importancia: elecciones legislativas en Venezuela, insurrección policial (o intento de golpe de Estado) en Ecuador y elecciones generales en Brasil.
La campaña electoral se caracterizó por un alto nivel de polarización, cuyos resultados lo confirman. Las elecciones se vieron, asimismo, marcadas por la intensa utilización de la figura presidencial, lo que convirtió a estos comicios legislativos en una especie de plebiscito sobre la figura de Chávez. La grave situación económica, una elevada inflación, los serios problemas que enfrentan los servicios esenciales y altísimos niveles de inseguridad ciudadana pasaron la factura al chavismo. Esta situación fue bien aprovechada por una oposición que entendió que su fortaleza estriba en su unidad y no dejar espacios vacíos.
Los resultados han sido negativos para Chávez, pero no constituyen una derrota concluyente. Con la nueva Asamblea, el chavismo tendrá menos poder, pero aún sigue siendo muy popular y cuenta con muchos recursos a su favor. La gran interrogante que se abre en el corto plazo es qué hará Chávez entre ahora y el 5 de enero de 2011. Un posible escenario es que pretenda aprobar el mayor número posible de leyes para intentar consolidar lo más posible su proyecto antes de que se produzca el cambio de correlación de fuerzas en la Asamblea. Pero el verdadero desafío para la oposición es el de mediano plazo. La gran pregunta es si será capaz, además de mantener y consolidar la unidad, de encontrar un liderazgo firme y reconocible y elaborar una plataforma programática bien definida que le permita presentarse ante la ciudadanía como una verdadera alternativa al chavismo en las presidenciales del 2012.
Ello ha obligando a Correa a intentar pasar en el Congreso un programa de austeridad —la disminución de los beneficios salariales de la política forma parte de él—, al cual se resisten en gran medida incluso figuras de su propio partido. Esta situación ha provocado un enfrentamiento entre Correa, acusado de autoritarismo, y un Congreso que se niega a apoyar sus reformas legislativas. Una posible salida a este
Habiendo transcurrido dos semanas, los hechos del pasado 30 de setiembre aún no han sido debidamente aclarados. No existen evidencias contundentes de si se trató de un golpe de Estado o más bien de un “burdo” atentado contra la democracia y una agresión “intolerable” contra el Presidente, es decir, de un deplorable e injustificable acto de insurrección policial que debe ser condenado y repudiado con toda energía. En el corto plazo Correa ha salido fortalecido. Encuestas recientes le dan una popularidad del 75% con un crecimiento de un 10%. Sin embargo, la crisis ha vuelto a poner en evidencia la inestabilidad estructural del país. Por ello, la sociedad toda debe analizar cuidadosamente lo ocurrido y hacer una autocrítica, incluido el propio Presidente, quien debería reconsiderar su estilo de gobernar, morigerar sus conflictos, reevaluar sus relaciones con los distintos sectores y, sobre todo, estar más abierto a dialogar, a escuchar y a negociar. Lo peor que podría hacer Correa es radicalizar su gobierno.
El primer debate de cara a esta segunda vuelta, que tuvo lugar el pasado domingo, evidenció un fuerte endurecimiento de las posiciones de ambos candidatos. Rousseff acusó a su adversario político de estar a favor de la privatización de Petrobras, y Serra a Dilma de apoyar el aborto. Esta mayor agresividad entre los candidatos va a ser el tono de la campaña hasta el próximo 31 de octubre. Y si bien Dilma sigue siendo la favorita para convertirse en la primera mujer presidente del Brasil (recientes encuestas le dan una ventaja de 8 puntos: 48% a 40%), lo cierto es que aún no está dicha la última palabra.
De ahí la prioridad de fortalecer la Carta Democrática Interamericana y adoptar una similar en el ámbito de la Unasur para poder hacer frente, con rapidez y eficacia, a este tipo de crisis. Sin embargo, para que estos mecanismos sean útiles, deben trascender la protección del orden constitucional. En efecto, los Gobiernos de los países miembros deben comprometerse a respetar a los otros poderes, el Estado de derecho y la libertad de prensa, así como brindar garantías a la oposición. En otras palabras, no basta con haber sido elegido democráticamente, de igual importancia es gobernar democráticamente.