EscucharAcelerar cambios a las reformas del Código Penal que castigan con hasta ocho años de cárcel a quien divulgue “informaciones secretas políticas” es la intención expresada por la Casa Presidencial.
La polémica en algunos medios y redes sociales tras la publicación en el diario oficial La Gaceta de la reforma legal para castigar delitos informáticos obligó a una reacción del Poder Ejecutivo.
“La intención del Gobierno es acercar posiciones entre las fracciones para lograr concretar una reforma que precise el término que provoca suspicacia en algunos sectores”, dijo ayer el ministro de Comunicación, Francisco Chacón.
Las modificaciones al Código Penal que aprobó el Congreso en junio de este año contienen un artículo que incluye penas hasta de ocho años de prisión a quien “procure u obtenga indebidamente informaciones secretas políticas”.
Según comentó el presidente del Colegio de Periodistas, José Rodolfo Ibarra, la propuesta implica una “mordaza” contra los medios de comunicación que realizan investigaciones y reciben informaciones relacionadas con temas políticos, de forma confidencial.
El rechazo a la redacción de una norma que se presta para interpretaciones que puedan afectar a los periodistas, lo compartió el presidente del Instituto de Prensa y Libertad de Expresión (IPLEX), Alejandro Delgado.
“Sin lugar a dudas, la redacción que tiene es peligrosa o puede constituir un mecanismo de autocensura, y por supuesto es inconstitucional en la medida en que viola el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos y la Constitución Política”, dijo Delgado.
Sin embargo, para Chacón, la redacción del artículo se limitó a copiar lo normado en el código anterior, y no se cambió la ley en función de buscar medidas represivas contra la prensa.
Aun así, el ministro acepta que la norma se presta para malas interpretaciones, y aseguró que el Poder Ejecutivo convocará el proyecto como una prioridad en el periodo de sesiones extraordinarias que se inicia el 1.° de diciembre.
Afirmación reiterada. Con la publicación de la nueva ley, la norma entró en vigencia, lo cual implica que una interpretación extrema de parte de un juez podría costarle años de cárcel a un comunicador, y no solo a los delincuentes informáticos.
Pero tanto en la Casa Presidencial como en el Congreso, las manifestaciones son de buena fe, y la afirmación que se reitera es que se tratará de cambiar el texto cuanto antes.
“El tema de las informaciones políticas secretas hay que eliminarlo”, expresó el jefe de la Unidad Social Cristiana (PUSC), Luis Fishman, quien participó en la discusión del proyecto en la Asamblea.
Fishman defendió su gestión y comentó que el término de “informaciones secretas políticas” no es nuevo, y que existe en el Código Penal desde que rige en el país.
Por su parte, Justo Orozco, quien preside la comisión que estudia enmendar el texto, señaló que verán el tema con urgencia.
