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EDITORIAL

Dura lección para España

Actualizado el 01 de octubre de 2012 a las 12:00 am

Si quieren superar la crisis, los españoles tendrán que solicitar al Banco Central Europeo (BCE) y al FMI un programa de salvamento condicionado

Otros países han podido expandir sus gastos para combatir la recesión, pero España debió disminuirlos e imponer nuevos gravámenes para enfrentar su faltante fiscal

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La crisis económica internacional y el manejo inapropiado de las políticas económicas les pasaron una elevada factura a España y al Gobierno de Mariano Rajoy. La lección no podía ser más dura. El ajuste macroeconómico contemplado en el presupuesto del Estado y las medidas de carácter microeconómico para estabilizar a los bancos no se habían visto en la historia reciente del país. Lo peor es que ni la lección ni las medidas han terminado. Pero no hay vuelta de hoja. Si quieren superar la crisis, los españoles tendrán que seguir adelante y solicitar al Banco Central Europeo (BCE) y al Fondo Monetario Internacional (FMI) un programa de salvamento condicionado que involucre y comprometa a todos los sectores de su economía, incluyendo el Gobierno central y los gobiernos provinciales, así como el sector privado, algo que Rajoy no ha querido hacer por razones políticas. Las manifestaciones públicas lo agobian. Pero el tiempo apremia y, si no lo hace pronto, la situación se podría deteriorar, y el país corre el riesgo de verse sumido en una recesión de grandes proporciones.

El primer paso dado por el Gobierno español fue solicitar a la Comunidad Económica Europea una ayuda para capitalizar los bancos y entidades financieras, sumamente presionados por la tenencia de títulos hipotecarios menoscabados por la crisis del mercado de bienes raíces. Inicialmente, el Gobierno solicitó un monto de 100.000 millones de euros para la recapitalización, pero, luego, el monto se redujo en un 40% tras la auditoría efectuada por la empresa Oliver Wyman, bajo la supervisión de un comité integrado por el Banco Central Europeo y la Comisión Europea. El reto principal es determinar el impacto del financiamiento en el déficit de las finanzas del Gobierno español, ubicado en el equivalente del 7,5% del PIB, y el monto de la deuda externa que ha llegado a representar el 90,5% del PIB. Además, la regulación bancaria nacional, evidentemente fallida en el caso español, tendrá que ceder a lo que finalmente se decida en el seno de la Comisión Económica Europea, programada para pasar a manos del BCE.

El segundo paso fue la aprobación, la semana pasada, del presupuesto nacional para el 2013. Contempla recortes muy fuertes frente al ejecutado el 2011, precisamente cuando el producto interno bruto (PIB) se contrae a una tasa superior al 4% en términos reales, y el desempleo ronda el 25% de la fuerza laboral. Mientras que otros países han podido expandir sus presupuestos de gastos para alimentar la demanda agregada y combatir la recesión, España ha tenido más bien que disminuir gastos e imponer nuevos gravámenes para enfrentar un faltante fiscal que se le ha ido de la mano. Las autoridades han debido disminuir casi todas las partidas presupuestarias, incluyendo algunas muy importantes, como inversión en infraestructura (15%), que fue uno de los pilares para la creación de fuentes de empleo, educación (31%), salud (22,6%) y cultura (19,5%), entre otras. Solo se salvaron las partidas para el pago de intereses por el alto incremento de la deuda pública, y las pensiones.

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Y aquí la lección sobresale por su crudeza: para evitar la desconfianza que castiga las tasas de interés de los bonos públicos y títulos privados en el mercado, primero es necesario poner la casa en orden y, después, empezar a crecer y disminuir el desempleo. No será posible hacer las dos cosas a la vez. La gran duda, sin embargo, es si con ese recorte presupuestario y el programa para sanear los bancos será suficiente para que el BCE y el FMI concedan un préstamo de salvamento que sea suficientemente comprensivo para evitar la fuga de capitales, la escalada en las tasas de interés y la bancarrota de los bancos, el Gobierno central y las provincias. Eso no lo sabremos hasta que el presidente, Mariano Rajoy, haga caso omiso de las múltiples protestas callejeras y se decida a presentar la correspondiente solicitud a las autoridades del BCE y del FMI. Entretanto, prevalecerán la incertidumbre y las altas tasas de interés.

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