El proyecto de ley que pretende reformar las atribuciones de la Sala Constitucional deberá esperar hasta la siguiente legislatura para que sea dictaminado en la Comisión Legislativa de Asuntos Jurídicos, pese a que se encuentra en el primer lugar de la agenda.
Así lo afirmó ayer el diputado Óscar Alfaro, quien preside la comisión encargada del proyecto.
“Nos alcanzó el vencimiento de este periodo de sesiones extraordinarias. Ya quedaría para mayo el conocimiento de este expediente”, señaló.
Debido a la nueva integración de las comisiones para la siguiente legislatura, estas no revisan proyectos durante la primera semana de mayo. Pese a ello, Alfaro cree posible que el proyecto se dictamine en ese mes.
Por ahora, ese texto cuenta con casi 30 mociones y se prevé que aumenten cuando el Congreso retome sus labores.
Por su naturaleza, la comisión también debe revisar mociones prioritarias de otros proyectos.
Según Alfaro, los proyectos que más han retrasado la discusión del expediente de reforma a la Sala IV son los de simplificación de trámites,
Aún falta una audiencia más, que, según Alfaro, no será posible programar antes de mayo, a pesar de que se manejaba la opción de realizar sesiones adicionales.
Los diputados integrantes de la Comisión de Asuntos Jurídicos Luis Fishman, Carlos Góngora y Alfaro, coinciden en que el avance de este proyecto ha sido lento.
El proyecto limita la facultad de dictar órdenes a los poderes Legislativo y Ejecutivo.
“A algunos miembros de la Sala no les gusta que se les quite el poder que tienen. Se acostumbraron a tener ese poder y están muy engolosinados con él”, aseveró Fishman.
Por su parte, Góngora, de la fracción libertaria, dijo que “la Sala IV está saturada; ya no es la herramienta ágil que era cuando se creó”.
“Hemos apreciado una ausencia de autocontención, de que la Sala se limite a sí misma”, agregó.
Otra novedad sería la apertura de tribunales de garantías, que resolverían recursos de hábeas corpus, hábeas data y amparo. El resto de la Sala analizaría acciones de inconstitucionalidad, consultas y conflictos de competencias.
Sin embargo, esa idea requiere la aprobación paralela de una reforma a los artículos 10.° y 48.° de la
Además, las consultas legislativas solo podrían enviarse cuando sean propuestas por 10 diputados para asuntos de forma, y por 19 para aspectos de fondo.
También se crearían juzgados de ejecución de sentencias para evitar que las diversas instancias hagan caso omiso de las resoluciones de la Sala Constitucional.