Diputados eliminan penas de cárcel por liberar información pública

Las reformas a la Ley de Delitos Informáticos, conocida como “ley mordaza”, permitió a los diputados eliminar los gazapos que ponían en riesgo el ejercicio de la libertad de expresión, reconoció ayer el presidente del Congreso, Víctor Emilio Granados.

“Creo que lo que se está logrando es corregir un error histórico que, mediante la promulgación de una ley, puso en duda el ejercicio de la libertad de expresión”, expresó Granados.

El voto en primer debate de 43 diputados, anteanoche , puso el Proyecto de Ley 18546 a un paso de su aprobación final, que entrará en discusión el próximo martes.

Solo votaron en contra dos legisladores del Partido Liberación Nacional (PLN): Víctor Hugo Víquez y Jorge Rojas.

Respecto a estos votos en contra, los dos diputados tuvieron su propia argumentación.

Víquez, por ejemplo, asegura que “nunca existió ley mordaza”, como se les denominó a las reformas vigentes.

Rojas, por su parte, indicó que no se opone a la libertad de expresión, y que, si votó en contra del proyecto, lo hizo porque la redacción aprobada no es clara. Nadie más lo acompañó en esta tesis.

Las reformas pretenden eliminar errores que aprobaron los diputados el 7 de junio del 2012 , con la votación en segundo debate de la Ley de Delitos Informáticos.

Esa ley castiga con cárcel, de tres a seis años, la publicación de información de bases de datos públicos y la divulgación de información de interés público.

Sin embargo, este martes, los diputados eliminaron esas sanciones, luego de un amplio debate impulsado tanto por el Colegio de Periodistas como medios de comunicación y sectores a favor de la libertad de expresión, que se sentían afectados por la nueva ley.

Además, se eliminó la pena de cárcel hasta de ocho años para quien revele “informaciones secretas políticas”, y se estableció que la única protección se mantendrá sobre las informaciones que sean declaradas “secretos de Estado”.

El presidente del Instituto de Prensa y Libertad de Expresión (IPLEX), Alejandro Delgado, afirmó que, al quitar las penas para la publicación de datos y corregir el yerro sobre el tema del secreto de Estado, la decisión de los diputados “satisface”, pero advirtió de que todavía quedan tareas pendientes para garantizar la libertad de información.

En lo que toca a la regulación sobre los secretos de Estado, Delgado agregó que falta definir cómo se regula y quién dicta un secreto de este tipo.

“Lo pendiente es dictar una ley que establezca cuál es el procedimiento para que el Ejecutivo dicte un secreto de Estado”, afirmó el presidente de IPLEX.

Delgado recalcó que aún no se puede dar por aprobada la reforma hasta que entre en vigencia.