En solo tres horas, los jefes de fracción del Congreso se pusieron ayer de acuerdo para presentar y aprobar en primer debate un proyecto que rebaja el impuesto de bienes inmuebles al agro.
Fue como echar una balde de agua sobre el incendio avivado por el sector agrícola, el cual se preparaba para realizar hoy otra protesta en contra de las actuales tasas usadas por Hacienda para el cálculo de dicho tributo.
El voto unánime de los 49 diputados presentes a las 7:18 p. m., dio por zanjada, al menos por ahora, la discusión que enfrentó a los sectores municipal y agrícola en las últimas tres semanas.
El proyecto aprobado anoche dista de la propuesta original del Poder Ejecutivo, el cual proponía una exoneración del 80%. Dicha iniciativa no tenía el visto bueno de las autoridades municipales.
El nuevo proyecto establece que el cálculo de la suma por pagar se hará con base en el valor histórico de sus fincas y no se usarán las tasas elaboradas por el Ministerio de Hacienda en el 2008.
Dichas tablas igualan el valor de los terrenos agrícolas al de proyectos urbanísticos y turísticos, lo que disparaba el precio de las fincas dedicadas a la agricultura.
El plan también señala que el Gobierno tendrá un plazo máximo de cuatro años para elaborar un censo agrícola, a partir del cual se pueda realizar una nueva tabla para calcular el valor de las propiedades agropecuarias.
Incluso Gloria Abraham, ministra de Agricultura y Ganadería, rompió su silencio de días pasados sobre este tema y sostuvo que la propuesta reconoce la necesidad de hacer un cobro diferenciado al sector agropecuario.
También destacó el compromiso de dotar de recursos a ese Ministerio para que realice el censo agropecuario, el cual no se hace en el país desde 1984.
Mientras tanto, Álvaro Sáenz, presidente de la Cámara Nacional de Agricultura y Agroindustria (CNAA), celebró como un gran logro que no se apliquen las actuales plataformas de valor para la calcular el impuesto de bienes inmuebles a las fincas agrícolas.
Adelantó que el sector tendrá una gran intervención en el proceso para definir el nuevo método para calcular el tributo.
Por su parte, Karen Porras, directora de la Unión de Gobiernos Locales (UNGL), afirmó que el proyecto final plantea “un beneficio mutuo, porque tal y como estaba planteada la exoneración del 80% nos preocupaba mucho”.
Guido Vargas, secretario de la Unión Nacional de Pequeños y Medianos Productores Agropecuarios (Upanacional), admitió que no se esperaban que los diputados les presentaran un nuevo plan, pero sostuvo que este cumple con las expectativas de los agricultores.
El plan va ahora a consulta de la Sala IV antes de su votación en segundo debate.