Escuchar¿Por qué tantas personas lúcidas siguen confundiendo ministerio con ministro rector, siendo conceptos distintos; o asegurando, falazmente, que se está convirtiendo a los entes autónomos en “ministerios sin cartera” (ojo a la tremenda redundancia) vía decreto, cuando lo correcto sería denunciar el absurdo jurídico y político de presidentes ejecutivos que, siendo subordinados de juntas directivas, “pueden” como ministros sin cartera ejercer dirección política sobre ellas?
Igual de grave es transferirles, por decreto, competencias ajenas. ¿Por qué ni los legisladores de oposición confrontan a los ministros en su papel sectorial de dirección política y desnudan así el hecho político de que las instituciones y muchos programas, por ejemplo, en lucha contra la pobreza aunque ocurre en todos los demás campos, no resuelven los problemas porque la autoridad superior de turno, o sea, el ministro responsable con el Presidente, o Presidenta ahora, simplemente no cumplen la Ley?
Tampoco es en el mejor interés público no cuestionar que los nuevos consejos presidenciales asumieran competencias por decreto, que sólo corresponden a cada ministro por Constitución y ley.
Igual todos, incluidos partidos de oposición, permanecieron callados ante los logros y muchos no-logros en el Gobierno pasado a pesar de haberse dictado desde mayo del 2006, un solemne decreto de sectores y ministros “rectores” que pretendía mejorar la “gestión pública”. Ahora se dictó una directriz parecida incluso en lo confusa, y nadie reacciona. Todo esto pareciera ocurrir en una lejana galaxia' Nadie opina.
Lúcido posicionamiento. Sin embargo, quienes predican a menudo respeto por el régimen de derecho y el principio de legalidad no deberían dejar de reconocer hoy, aquí en Costa Rica, la espléndida y esclarecedora posición de la Defensoría de los Habitantes sobre estas temáticas en su Memoria Anual 2010.
Después de más de tres décadas de estudiar estos fenómenos he visto en esa Memoria, por fin, un sólido, lúcido y estratégico posicionamiento en el noble y solidario sentido de que lo que hay que hacer con ayuda consciente de la Contraloría, del Tribunal Supremo de Elecciones, de los partidos políticos y de la misma Asamblea, es reconocer que el modelo-país solidario y de bienestar así como la estrategia de desarrollo y las políticas públicas de “plazo permanente” por las que tantos claman, las define desde 1949 la Constitución y tantas leyes que, vistas jerarquizadamente y como sistema, la instrumentan y, además, permiten una conducción gubernativa eficaz e integral.
Conceptos como la necesaria rehabilitación de Mideplan para ser el ministerio bujía de la acción de Gobierno a que obliga la Ley No. 5525 de 1974 sin depender del talante del presidente de turno; las nociones de organización superior del Gobierno bajo parámetros de dirección y planificación participativa en los ámbitos regional, sectorial e institucional; la noción de política pública con rico sabor autóctono costarricense al amparo del artículo 99 de la Ley General de la Administración Pública y no de definiciones ambiguas de fuentes foráneas que ni en sus países de origen son aplicadas, desnudan en esa Memoria la actitud acomodaticia de tantísimos costarricenses que se las han agenciado para evadir el estudio serio de cosas que ya se tienen, más bien proponiendo nuevas constituciones, leyes y fragmentos de modelos políticos y administrativos según tal o cual enfoque de moda sin reconocer que, con las malas mañas históricas que nos aprisionan, nunca nos sacarán del atolladero mental en que estamos.
Superar vicios. Hay que reconocer, nos dice la Defensoría, cómo podemos superar esos vicios de perspectiva y de comportamiento que nos han alejado de ese modelo-país solidario desde 1949, y desde 1974 con la excelente Ley de Planificación Nacional. No podría estar este analista más complacido ante semejante declaración y, repito, posicionamiento. Mis estudiantes en la UCR también lo están.
Es de esperar que ahora sí habrá enaguas en casa para exigir del Gobierno plena responsabilidad y consistencia en cuanto al juramento del art. 194 de la Constitución, y no según las recurrentes ocurrencias del “día después”. La Defensoría por sí, creo puede perfectamente inaugurar una sólida magistratura de exigibilidad suficiente para navegar con claridad y firmeza en las aguas turbias que pareciera muchos prefieren mantener por soberbia, mero sentido de la improvisación o mal asesoramiento, en materia de procesos gubernativos y de legalidad, a pesar de aquel solemne juramento.
Pero, si al justo y enérgico llamado de la Defensora, la Contralora se “amarra” aun más sus propias enaguas en esta vigilancia integral por la que hemos clamado durante décadas, afinando enfoques y métodos con óptica sectorial y regional que han venido aplicando poco a poco, el país solo podrá ver, como resultado, un mucho mejor Gobierno y, con ello, un mejor país.
Al fin de cuentas, el asunto queda entre damas,incluida la Presidenta,y estas, según el decir popular, están llamadas a ser más juiciosas' Los masculinos –como dicen los cruzrojistas– mejor no estorbemos por un tiempo prudencial, a ver qué pasa.
